El Gobierno nacional avanzó en la última semana en las negociaciones con el FMI en la discusión de un nuevo programa de financiamiento, para no tener que pagar hasta el 2025 la deuda de capital de casi 44.000 millones de dólares recibida entre 2018 y 2019, más los intereses.

Así se desprende de los recientes dichos del ministro de Economía, Martín Guzmán: "Lo que buscamos es un préstamo para no tener que pagar los vencimientos de capital e intereses en los próximos años. Lo que se hace es conseguir fondos para hacer frente a aquello que se tenía que pagar", dijo el titular del Palacio de Hacienda a mediados de la semana.

El nuevo plan elegido se denomina en inglés Extended Fund Facility (EFF), y contempla la posibilidad que la Argentina comience a repagar recién en 2025.

Guzmán precisó que "si la Argentina logra con éxito negociar la implementación de un programa EFF, podrá estirar los plazos de la deuda hasta los diez años, y comenzar a pagar recién dentro de cuatro años y medio".

A partir de dichas definiciones, la discusión comenzó a girar luego acerca de qué tipo de condiciones requerirá el FMI a cambio, ya que se trata de un programa que generalmente requiere reformas estructurales. Sin embargo, Guzmán adelantó definiciones, al sostener que "Argentina negociará todo lo que haga falta para buscar el programa que más le sirva". En ese sentido, el presidente Alberto Fernández también adelantó algo sobre el tenor de las medidas que aplicará la Argentina bajo el paraguas del FMI. "La política del recorte es igual a lo que el Papa llama política del descarte... que nosotros tenemos que ir poco a poco recuperando el equilibrio fiscal, eso es así. Pero no puede ser a costa de los jubilados y de gente que trabaja. Tampoco creo que sea lo que el Fondo está pidiendo porque saben que vienen a un país donde el Presidente está convencido de esto que estoy diciendo", expresó, sobre el diseño de la política fiscal.

• Alarma del campo por el impuestazo

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias manifestó ayer su "alarma" ante el inminente tratamiento en el Congreso de la Nación del proyecto de ley denominado "Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia".

Para la entidad, se trata de "un nuevo impuesto que se suma a la larga lista de tributos, tasas y gravámenes, incluyendo los derechos de exportación, que viene pagando el sector agropecuario, aumentando aún más una presión impositiva ya de por sí insoportable para el productor".

El mal llamado "impuesto a la riqueza", consideró la Mesa de Enlace, es "un tributo de carácter confiscatorio, que atenta contra la inversión, la incorporación de tecnología y la creación de empleo, en un momento en que la Argentina lo necesita desesperadamente".

En un comunicado, las entidades que agrupan a los principales sectores del campo, sostuvo que "afectaría irremediablemente los recursos que hoy tiene el sector agropecuario para motorizar la economía y alcanzar el crecimiento a mediano y largo plazo".

En un gran porcentaje de los casos, aseguró, "los afectados por este impuesto, lejos de estar en una situación holgada, deben desprenderse de activos claves como maquinaria agrícola o incluso tierras para poder hacer frente al nuevo gravamen".

También afectará la capacidad de invertir en paquetes tecnológicos adecuados, lo que disminuirá los rindes, la cosecha y, por tanto, la capacidad del sector para producir alimentos para abastecer los mercados internos y externos, estimó la entidad.

Y consideró que este "aporte" compulsivo es en realidad "un verdadero impuesto a los activos, de asignación específica, que afectará la liquidez de los individuos y de las pymes de todo el país de todos los sectores de la economía".

Para la entidad, una contradicción del gravamen es que "se promueve la capacidad del sector agroindustrial de exportar y generar empleo" pero "se lo castiga con un nuevo impuesto que compromete sus activos y su capacidad exportadora y generadora de empleo".