A las 15:36, con la lectura de acuerdos para cubrir vacantes en juzgados de diversos fueros, comenzó la sesión en la Cámara de Senadores durante la cual se debatiría la ley de financiamiento político. Sin embargo, esto no iba a prosperar: por falta de acuerdo, el oficialismo y la oposición resolvieron postergar la discusión y pasar a un cuarto intermedio para el próximo miércoles a las 9. 

Según trascendió, la sesión se trabó porque no llegó a buen puerto la negociación en torno a la propuesta sobre que el 50% de la publicidad electoral se destina a portales digitales.

El senador por Chubut Alfredo Luenzo impulsó esta idea, pero un grupo de legisladores no avalaba que se estableciera un porcentaje obligatorio sino que les parecía más adecuado que los candidatos elijan dónde poner su propaganda. 

Antes de que se iniciara la discusión, la senadora de Unidad Ciudadana Anabel Fernández Sagasti, reiteró una cuestión de privilegio contra la presidenta de la Cámara alta, Gabriela Michetti, por no avalar la creación de una comisión bicameral de seguimiento de la Procuración, adonde el kirchnerismo quiere llevar el caso investigado por el juez Alejo Ramos Padilla contra el falso abogado Marcelo D'Alessio y otos acusados de integrar una red de espionaje.

Fernández Sagasti llevó al recinto gigantografías con supuestos chats entre los involucrados en la investigación, entre ellos el fiscal Carlos Stornelli, que esta mañana volvió a recusar al magistrado de Dolores y no se presentó a la indagatoria a la que había sido citado.

En contraposición, la legisladora recordó que la jefa de su espacio, la ex presidente Cristina Kirchner, se presentó a declarar cada vez que la convocaron pese a haber realizado planteos de nulidad.

Fernando "Pino" Solanas y Marcelo Fuentes se expresaron en el mismo sentido y volvieron a analizar detalles de la causa que se tramita en Dolores.

Hasta este mediodía, cuando se concretó la reunión de labor parlamentaria, senadores del oficialismo y del PJ aún negociaron las modificaciones al dictamen acordado en diciembre, que introduce, entre otros cambios, la bancarización de los aportes y la vuelta de las contribuciones empresarias a las campañas electorales. El tope del aporte, según el texto, es del 2% de los gastos autorizados. En un principio era del 5% pero por acuerdo de todos los bloques se bajó tres puntos.

El proyecto de financiamiento pulula en el Congreso desde mediados de julio del año pasado: fue enviado por el Gobierno en medio del escándalo por los aportes irregulares a la campaña bonaerense de Cambiemos del 2017, que jaqueó a la gobernadora María Eugenia Vidal y puso en duda las contabilidades de campaña del PRO.

La iniciativa perdió intensidad durante buena parte del segundo semestre del 2018 por falta de voluntad política y desacuerdos con la oposición, por la resistencia interna –Elisa Carrió tiró el proyecto atrás por su resistencia a los aportes de empresas- y por el estallido judicial de la causa de los cuadernos, que desnudó coimas millonarias en la administración anterior disfrazadas de supuestos aportes de campaña.