Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron ayer citar a declaración indagatoria a la  
expresidenta Cristina Kirchner, al exministro de Economía Axel Kicillof, a los extitulares de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde y Julio Alak, por la presunta contratación direccionada de 26 mil habitaciones en el hotel Alto Calafate, propiedad de la exmandataria.

Según la acusación, los imputados concretaron una "maniobra criminal" entre 2009 y 2015 "para beneficiarse ilegítimamente con contrataciones públicas" por 16 millones de pesos "canalizados a favor de personas interpuestas y en última instancia a la firma de la familia presidencial", según el dictamen al que accedió Télam.

Los fiscales pidieron al juez federal Julián Ercolini que cite a indagatoria a la expresidenta y los demás imputados por "negociaciones incompatibles con la función pública", un delito que prevé hasta seis años de prisión, a raíz de la contratación del hotel propiedad de la ex familia presidencial para alojar a la tripulación de la aerolínea desde su estatización, de manera direccionada.

"Cristina Fernández, a quien la ley le había entregado el control y el financiamiento de la empresa aerocomercial del Estado en el año 2008, durante los siguientes años y hasta culminar su mandato como Presidente de la República, utilizó la estructura funcional de la empresa y una ingeniería societaria con empresas intermediarias para contratar la firma de su titularidad y de su núcleo familiar", acusaron los fiscales.

Según la acusación fiscal, Cristina, y los funcionarios designados en la aerolínea de bandera, contrataron en forma interesada el Hotel Alto Calafate, de la firma Hotesur SA, propiedad de la familia Kirchner, a través de la interposición de dos estructuras societarias -Valle Mitre e Idea- aportadas a la maniobra por sus socios Lázaro Báez y Osvaldo José Sanfelice".

En esos años, Aerolíneas contrató más de 26.000 habitaciones del hotel "Alto Calafate", en Santa Cruz, para su tripulación, de manera direccionada y en nueve contrataciones, pese a que en muchos casos hubo ofertas de otros hoteles con precios más convenientes, que fueron manipuladas o tergiversadas.

Las contrataciones se hicieron para la tripulación "en posta", es decir, en la escala de descanso de los vuelos de Aerolíneas hacia la ciudad de El Calafate "lo que implicó un beneficio económico de más de 16 millones de pesos y la ocupación constante y permanente" del hotel. La maniobra fue la contracara de la que se cometía en otra causa conexa que investigan estos fiscales y el juez Ercolini, la falsa ocupación hotelera por parte de empresas de Lázaro Báez mediante la sumulación de alquileres como parte de maniobras de lavado de activos.