El exministro de Planificación, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, presos por hechos de corrupción, fueron procesados ayer por administración fraudulenta y cohecho en el marco de la "causa Skanska", donde se investigan delitos en la adjudicación de obras para ampliación de gasoductos.

El procesamiento firmado por el juez federal Sebastián Casanello incluyó embargos por 49 millones de pesos, pero en el caso de ambos funcionarios del kirchnerismo no se resolvió su prisión preventiva porque ya están detenidos en otros expedientes.

Para el juez, De Vido, en su carácter de máxima autoridad del entonces Ministerio de Planificación Federal, había diseñado un esquema jurídico de delegación de funciones que le permitió -a la par de licuar su responsabilidad- determinar las maniobras para direccionar la adjudicación de las obras a Skanska y otras empresas.

Y lo hizo, dijo Casanello, a través de sus dependientes directos, como las secretarías de Energía y de Obras Publicas y el Enargas (ente regulador del gas). Casanello procesó además al exgerente de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa, por entender que era quien "disponía del dinero para el pago de las obras y fue el encargado de aprobar junto a otros funcionarios los incrementos de presupuesto y recibir sobornos", dijeron fuentes judiciales.

La medida alcanzó también a nueve exdirectivos de la firma Skanska, entre los que está el exgerente comercial Javier Azcarate, que aparece en una escucha donde se habló de las coimas que se habían pagado para conseguir las obras del gasoducto.

En total los procesamientos son 31. La "causa Skanska" investiga los presuntos pagos ilegales por parte de la empresa multinacional a funcionarios locales para la adjudicación de la ampliación/construcción de gasoductos al principio del kirchnerismo. DyN