El juez federal Sebastián Ramos procesó ayer a un exfuncionario del actual gobierno bajo la acusación de haber frenado sanciones contra la cadena de farmacias "Farmacity", que entre sus fundadores tiene al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

Se trata de Raúl Alejandro Luis Ramos, quien se desempeñó como secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud entre febrero y noviembre del año pasado.

El juez le achacó haber cometido el delito de "abuso de autoridad" y le dictó el procesamiento sin prisión preventiva y le trabó un embargo de 2.000 pesos, según el fallo de 28 páginas al que accedió Télam.

"En al menos tres expedientes, Ramos resolvió tardíamente las sanciones que en cada caso correspondían, siendo la emisión del acto administrativo (resolución) su deber en tanto cumplía funciones como autoridad de la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación", sostuvo el magistrado.

La causa se inició el 19 de octubre del año pasado por una denuncia realizada por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) con la firma de la presidenta de la entidad, María Isabel Reinoso, en base a la parálisis de un expediente administrativo que se había abierto en julio de 2014, tras una inspección a un local de Farmacity, en la avenida Córdoba 1861.

Se trata de los expedientes 1200215328144; 120023171134 y 1200213118142 que se encontraban en condiciones de ser resueltos, previo a adoptar Ramos la "reserva" de las actuaciones.

Cuando se labró el acta, según la denunciante, se expuso que Farmacity fue observada "por haberse operado un cambio de farmacéutico auxiliar sin noticia ni autorización de la autoridad sanitaria nacional, y emplear un libro recetario sin rúbrica o habilitación".

En 2015 la Dirección de Sumarios del Departamento de Faltas Sanitarias emitió su informe 70/15. Allí indicó que correspondía aplicarle dos multas por un total de $60.500, que se sumaban a otras multas en trámite contra Farmacity en otros expedientes.

Con la llegada de Macri al gobierno, el expediente sancionatorio siguió su curso. En febrero de 2017, la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización envió al funcionario Ramos el proyecto de resolución para sancionar a Farmacity. Ramos fue designado en el cargo el 21 de febrero de 2017.

"Desde entonces, durante casi dos meses no se produjeron novedades. No se dictó la resolución propiciada ni ninguna otra", denunció la COFA. Pero el 5 de abril se presentó una apoderada de Farmacity en el expediente, para lo cual aportó un poder firmado por Quintana, en 2011, como presidente de la empresa. Farmacity pidió que no la sancionaran o que, de aplicarle alguna multa, al menos procedieran a la "eximición de las tablas de rigor" y le impusieran un monto más benévolo.

En mayo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ministerio reafirmó su posición de sancionar a Farmacity. Pero el expediente volvió a paralizarse. El 18 de julio, en vez de firmar una sanción contra Farmacity, Ramos devolvió el expediente para su archivo o guarda. Según la denunciante COFA, "a una especie de "vía muerta".

Para el juez, "la responsabilidad primaria se encontraba en cabeza del funcionario Ramos y con el ello el deber de dictar el acto administrativo en los sumarios que habían tenido trámite en los órganos inferiores que intervinieron".

En su fallo de ayer, Ramos aseguró "tener por acreditado, prima facie, la materialidad del suceso que le fuera imputado y su responsabilidad penal en los mismos, con el grado de probabilidad que para esta etapa del proceso establece".