El 13 de febrero de 2015 la Procuración del Tesoro del kirchnerismo que era encabezada por Angelina Abbona presentó un escrito ante el juez Daniel Rafecas quien por entonces estaba a cargo de la denuncia -que había hecho un mes antes el fiscal Alberto Nisman- para que se investigara el delito de encubrimiento del atentado a la AMIA.
 

 

Entre los denunciados por Nisman estaba Cristina Fernández de Kirchner, por entonces presidente de la Nación y amiga de Abbona. La Procuración del Tesoro hizo una presentación ante Rafecas que, entre otras cosas, desestimaba que lo denunciado por Nisman fuera delito.
 

El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes denunció a Abbona por el delito de peculado de servicios, es decir por haber usado recursos del estado para defender a los acusados por Nisman, entre ellos la ex presidente.
 

En 2015 la denuncia de Moldes le tocó al juez Sebastián Casanello quien, a pesar del impulso dado por el fiscal Ramiro González, cerró el expediente por inexistencia de delito. Esa decisión fue apelada, y la Sala II de la Cámara Federal ordenó la reapertura de la causa y apartó a Casanello . La causa quedó en manos del juez Sergio Torres quien indagó a Abbona y a quienes eran los subprocuradores del Tesoro en 2015: Javier Pargament y Horacio Pedro Diez. Según confirmaron fuentes judiciales Torres procesó a Abbona y sobreseyó a Pargament y Diez.
 

El juez consideró que Abbona cometió delito, en tanto Diez y Pargament quienes firmaron aquel escrito como patrocinantes de la por entonces Procuradora del Tesoro y jefa de los abogados del estado nacional, fueron desvinculados de la causa.