La Corte Suprema, con la firma de tres de sus ministros, dispuso ayer que el nuevo Consejo de la Magistratura de veinte miembros comience a funcionar "de manera inmediata" con la presidencia a cargo del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti. Para volver a poner en marcha al Consejo, la Corte también ordenó que juren los miembros elegidos la semana pasada, y anuló el fallo del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, que con una precautelar había frenado la designación de los nuevos representantes de la Magistratura. Además, envió el caso al propio Consejo de la Magistratura para que evalúe eventuales sanciones contra el magistrado de Entre Ríos.

La resolución de la Corte deja en el aire el intento del kirchnerismo por bloquear la llegada de todos los nuevos consejeros ante la negación de Cristina y de Massa de designar a los dos que están bajo su firma.

"A partir del dictado de la presente decisión, el Consejo de la Magistratura Nacional deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021", señaló la resolución, que lleva la firma del mismo Rosatti más la de sus pares Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

Respecto de los nuevos miembros elegidos por jueces y abogados, la resolución dispone que se les tome juramento, un trámite de rigor que debe hacer la misma Corte y que se produciría en las próximas horas.

En el fallo de diciembre del año pasado, que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de trece miembros, la Corte fijó un plazo de 120 días para ampliarla de los actuales 13 a 20 integrantes y dispuso que la asunción de los nuevos consejeros debía ser "conjunta y simultánea".

El Gobierno presentó su propio proyecto de ley para adecuar al Consejo con el fallo de la Corte pero el tratamiento en el Congreso se fue demorando y solo se consiguió la media sanción del Senado antes de cumplirse el ultimátum del Máximo Tribunal de Justicia.

En la resolución de ayer, para salvar la ausencia de los nuevos miembros representantes del Congreso, cuyo ingreso fue judicializado, la Corte argumentó que "resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos -cualquiera fuera el motivo- pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional".

Con esta decisión, la Corte avanza en el cumplimiento de su acordada pese a las críticas de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, del ministro de Justicia Martín Soria, del propio presidente del Consejo Alberto Lugones.

El domingo, a través de las redes sociales, la vicepresidente advirtió que hay una "casta de la que nadie habla" al reprochar el silencio de muchos medios y periodistas en esta materia, y citó una publicación explicativa del periodista Matías Mowszet sobre las implicancias de esta grave controversia institucional.

"Mañana el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura (el órgano que designa y remueve jueces) gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó auto-eligiéndose meses atrás", dijo Mowszet, citado por Fernández de Kirchner.

En el caso de Soria, el ministro habló de un "golpe institucional" y recordó que el actual presidente de la Corte, y flamante titular del Consejo de la Magistratura, llegó al máximo tribunal por un decreto del expresidente Mauricio Macri.

"La intromisión de la Corte sobre facultades de otros poderes se articula con el bloqueo que hace la oposición a los proyectos de reforma de la Justicia. No están salvando la República; están protegiendo a los saqueadores de la Argentina y a todos sus cómplices", cuestionó ayer Soria. Sumándose al debate, el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos le solicitó a la Corte un plazo de 90 días para sancionar la ley del Consejo que ya cuenta con media sanción del Senado.

• Duro tirón de orejas para el juez K

La Corte Suprema anuló todo lo actuado por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, que dispuso la medida precautelar que frenaba la designación de representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura; lo reprendió y lo denunció ante el organismo que analiza la conducta de los magistrados por supuesto mal desempeño de sus funciones. "El Juzgado Federal N´2 de Paraná actuó con ostensible ausencia de jurisdicción, creando sin fundamento alguno el título para justificar su competencia e irrumpir de manera absolutamente irregular en la ejecución de la sentencia firme dictada por este Tribunal en los autos "Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro"", sostuvieron los supremos.

El juez Alonso había habilitado su juzgado el domingo de Pascua para rechazar la apelación de la fiscalía a la precautelar que él mismo había dictado.

• Las críticas de los K

OSCAR PARRILLI - Senador nacional del FdT

Según Parrilli, la Corte está "asaltando el Consejo de la Magistratura al estilo Rambo", y luego adjudicó la intervención por parte del máximo tribunal a "una maniobra de Mauricio Macri para lograr impunidad, como ya la tiene en la Corte, frente a la avalancha de denuncias".

MARCELO CASARETTO - Diputado nac. del FdT

"La ley (para reformar el Consejo) está en tratamiento. Tiene media sanción del Senado y ahora hay que tratarla en Diputados. Convoco a todas las fuerzas políticas a que debatamos esto y no convalidemos el desembarco de Rosatti en la Magistratura sin el respaldo de la ley".

ALEJO RAMOS PADILLA - Juez federal de La Plata

El juez se mostró partidario de que el Ejecutivo dicte "un decreto de necesidad y urgencia estableciendo un Administrador General para el Consejo de la Magistratura y desconociendo toda decisión que pueda tomar el Consejo hasta tanto haya una ley que lo regule".