La Ley de Alquileres que nació durante el gobierno de Mauricio Macri y se terminó de sancionar en 2020 bajo la gestión de Alberto Fernández con apoyo contundente del Congreso, "fracasó". Así lo admiten desde Juntos por el Cambio y desde el Frente de Todos, por eso, es un hecho que la norma se reformará y ya hay movimientos en el Congreso para avanzar en ese plan. Pero como hay que elaborar y consensuar un nuevo proyecto entre oficialismo y oposición, justo cuando está cerrando el año legislativo, el debate quedará para las sesiones extraordinarias o incluso para el nuevo año legislativo que arranca en marzo de 2022. Frente a este escenario, el Gobierno ya analiza suspender la Ley de Alquileres por 180 días para evitar males mayores a los actuales mientras se pone en marzo una nueva legislación mejorada para encuadrar la relación de propietarios, inmobiliarias e inquilinos.

La decisión del oficialismo de avanzar en una nueva ley de alquileres fue adelantada el miércoles por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien llamó a "discutir" en el Congreso una nueva ley de alquileres que brinde "certezas" al propietario y "garantías y tranquilidad" al inquilino, tras advertir que "fracasó" la norma sancionada hace poco más de un año.

Según adelantó Massa, son dos las alternativas que se analizan junto al ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en la Casa Rosada: una de ellas es la de impulsar en el Congreso la sanción de una ley de suspensión por 180 días que incluya las correcciones a la norma actual. La segunda opción es que el Poder Ejecutivo avance con un decreto que disponga la suspensión, también por 180 días, para que una comisión redacte durante ese plazo una nueva ley.

Esta reforma contendrá, según anticiparon las voces oficiales, una mirada federal sobre la problemática de los alquileres. "La situación no es la misma en la Capital, en Santa Cruz o en Misiones", sostienen.

Estos dos ejes mencionados serían la base del nuevo proyecto, pero ya hay una propuesta avanzada que presentará apenas asuma, después del 10 de diciembre, Marcela Passo, electa diputada del Frente de Todos y alineada con Massa, quien trabaja en un proyecto para modificar la ley actual de alquileres sobre dos puntos.

Uno de los aspectos está vinculado a la actualización de los alquileres, que hoy se hace una vez por año de acuerdo a un índice que combina 50% la variación de los salarios y 50% la inflación y otro relacionado con la duración de los contratos, que se extendió de dos a tres años de plazo.

"Es un tema que el gobierno está abordando desde distintos aspectos", aseguró Passo en declaraciones a A24, al señalar que toda la norma "se está evaluando junto a los equipos técnicos". "Está claro que esta ley generó problemas, como el incremento de los valores de los alquileres y el retiro de propiedades del mercado, por eso hay que analizar todos los aspectos", añadió.

En tanto, la diputada del Frente de Todos Mara Brawer sostuvo en declaraciones a Télam que "el funcionamiento o no de una ley se ve en su implementación". "En ese sentido, muchas veces hay leyes que se piensan como eficaces pero que cuando son puestas en marcha no lo son tanto, y la Ley de Alquileres es un ejemplo", consideró.

La oposición de Juntos por el Cambio reclama desde hace tiempo que se modifique la ley de alquileres, impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri. La norma es cuestionada también tanto por inquilinos como propietarios: entre los puntos más controvertidos figura el ajuste anual de los contratos según el Indice de Contrato de locación (ICL) que publica el Banco Central según la evolución de precios y salarios; la duración de los mismos y las dificultades para obtener una garantía.

Por el momento, nadie se atreve a asegurar que el tratamiento de la norma podría darse antes de finalizar el año. "Es difícil, pero si no quedará para sesiones extraordinarias o directamente para marzo de 2022", señalaron desde el entorno de Massa.

  • Otros incentivos para la construcción

Mientras analiza las modificaciones a la ley de alquileres, la intención del oficialismo es avanzar en la próxima sesión con un proyecto para prorrogar el régimen de incentivo a la construcción, que ya tiene dictamen de comisión y una ley para establecer créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas, atados al índice de variación salarial y no a la inflación. El primer proyecto establece una prórroga de 150 días al Régimen de Incentivo a la Construcción con una serie de beneficios impositivos a quienes inviertan en la construcción privada y, por otro, la posibilidad de exteriorización de activos, es decir un blanqueo de capitales que busca promover la construcción privada. Asimismo, se buscará aprobar otro proyecto que entró al Congreso en 2020 que contempla líneas de créditos hipotecarios para viviendas, atadas al índice de variación salarial y no a la inflación, como el UVA, similares a Unidad Hogar, que ya se está aplicando en los Procrear.