El empresario Gabriel Romero, dueño de la empresa EMEPA, admitió haber pagado 600 mil dólares para que Cristina Fernández de Kirchner firmara un decreto presidencial.
El dueño de EMEPA declaró en la Justicia que pagó coimas para que el gobierno le extendiera la concesión de la Hidrovía. Romero admitió haber entregado dinero al exfuncionario K Roberto Baratta. La empresa EMEPA explota desde hace unos 20 años un enorme negocio que es la Hidrovía y también está a cargo de Ferrovías, que explota ferrocarriles, que estaba bajo la supervisión de Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte del kirchnerismo.
Según el sitio de noticias Infobae, que cita fuentes vinculadas a la investigación, Romero admitió dos pagos, uno que se hizo el 20 de enero de 2010, un día antes que se publicara el decreto 113/2010 por el que se renegociaron las condiciones del contrato de explotación de la Hidrovía. A partir de ese decreto el Estado le extendió en el tiempo la concesión del cobro de peajes por el río a la firma Hidrovía y le permitió ampliar la traza de la vía navegable más importante de la región.
Por su parte, la empresa se comprometía a modernizar el sistema de señalización y el dragado. El otro pago se produjo semanas después de la firma del decreto de Cristina. Aunque en la cifra no coincidió con lo que había escrito Centeno. Era un poco menos que lo narrado por el exchofer de Baratta. Fueron 600.000 dólares. A raíz de las confesiones de Romero, el juez Bonadio ordenó liberar a Rodolfo Poblete, directivo de EMEPA, por debajo del dueño.
Romero también explicó que era un contribuyente habitual a otro sector de la recaudación kirchnerista: dijo que coimeaba a Jaime, quien tenía la autoridad de control sobre el ferrocarril que explotaba y aún explota EMEPA. Admitió haberle pagado a Jaime el cinco por ciento de los subsidios.