Un giro inesperado, el Gobierno friza la expropiación de Vicentin
Un fallo judicial había frenado la intervención, ante esto, Santa Fe activó su plan: intervención sin expropiación.
Un fallo judicial había frenado la intervención, ante esto, Santa Fe activó su plan: intervención sin expropiación.
Presionado por el fallo de un juez Civil y Comercial de Santa Fe y el complejo escenario en el Congreso con el anuncio de 4 diputados nacionales del bloque Córdoba Federal, que se revelaron contra la idea original del kirchnerismo de estatizar la empresa, el Gobierno nacional dio marcha atrás, al menos mientras dure el concurso de quiebra, con la expropiación de Vicentin. Aunque persistirá con su plan de intervención de la empresa para su posterior rescate.
Ahora, el presidente Alberto Fernández apoya el plan inicial del gobernador peronista de Santa Fe, Omar Perotti, de avanzar en una alternativa superadora para salvar el gigante agroexportador.
En concreto, el Gobierno nacional le propuso al juez de la convocatoria de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, dejar de lado el proyecto de expropiación de la cerealera a cambio de que acepte a sus interventores.
El escrito preparado por la inspectora general de Personas Jurídicas de Santa Fe, María Victoria Stratta, plantea al juez que lleva adelante el proceso concursal de Vicentin, que disponga "la intervención judicial" de la empresa y la "conformación de un Órgano de Intervención" a través de tres personas para que intervengan en el proceso del concurso de acreedores.
Para integrar ese nuevo Órgano de Intervención, la provincia de Santa Fe a través de la Inspección propone que se designen Roberto Gabriel Delgado -como presidente del cuerpo colegiado- y Luciano Zarich -en su momento designados interventores por el presidente Alberto Fernández mediante el DNU 552, y que se sume Alejandro Alberto Bento.
La vuelta atrás con la expropiación de la cerealera comenzó con un fallo del juzgado de primera instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista conocido ayer que aceptó restituir la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.
Según el escrito del juez Fabián Lorenzini, la medida regirá por 60 días y podrá ser eventualmente prorrogada por un nuevo plazo. A la vez, el juez que entiende en el concurso preventivo de la agroexportadora, corrió vista a los interventores por un plazo de cinco días para que "puedan contestar la demanda y efectuar los planteos que juzguen necesarios", y le pidió que se expida a la Sindicatura del concurso.
La resolución de Lorenzini, adoptada a partir de un planteo de un grupo de accionistas de Vicentín sobre la presunta inconstitucionalidad del DNU que dispuso la intervención, establece que "los administradores naturales de la sociedad concursada, elegidos conforme a la última Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados". Además, resolvió que los "interventores designados por el Poder Ejecutivo Nacional, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores".
Esto, y la presión de 80 cámaras de Comercio e Industria de Córdoba aceleraron el Plan B.
Protestas para hoy
Autoconvocados y entidades agropecuarias convocaron para hoy a realizar protestas en diferentes provincias en contra de la intención del Gobierno nacional de expropiar Vicentín. Ayer movimientos sociales apoyaron la decisión del Ejecutivo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso suspender la feria judicial del mes de julio próximo para todos los tribunales nacionales y federales, por la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus. A través de la Acordada 21/2020 conocida ayer, el máximo tribunal resolvió suspender la feria de invierno de ‘forma excepcional‘ para todos los tribunales y sostuvo que ‘es necesario redoblar los esfuerzos para afrontar las particulares circunstancias de este tiempo’. La Corte puso de relieve en sus argumentos ‘la necesidad de dar una respuesta excepcional a la situación extraordinaria que se está atravesando con la finalidad de que la prestación del servicio de justicia no sufra aún un mayor deterioro‘. ‘Resulta razonable que se adopten las medidas apropiadas para evitar que, en un contexto de restricción, se produzca una nueva mengua o una paralización de la labor judicial‘, agregaron los ministros. Por otro lado, a través de la Acordada 20, resolvió terminar con la feria extraordinaria en algunos tribunales de los distritos de Tucumán, Salta, Mendoza, Resistencia, Rosario y General Roca, decisión que reactiva la actividad judicial en el interior del país.
La Conferencia se realizó en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Fue por tercer año consecutivo que la entidad bancaria presentó el encuentro.
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