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Tras los graves incidentes ocurridos en el Congreso durante la jornada de protesta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra los municipios de La Matanza y Lomas de Zamora, acusándolos de haber organizado y promovido los disturbios. Según afirmó en conferencia de prensa, manifestantes vinculados a ambas intendencias se reunieron allí antes de trasladarse al centro porteño para generar violencia.
“Tenemos varios detenidos de hinchadas y de barras bravas que salieron de distintos lugares, pero queremos resaltar dos: de la Municipalidad de La Matanza y de la Municipalidad de Lomas de Zamora”, aseguró Bullrich. Además, mencionó específicamente al intendente Fernando Espinoza y al exjefe comunal Martín Insaurralde, a quienes vinculó con los hechos.
La funcionaria también apuntó contra Leandro Capriotti, a quien señaló como uno de los organizadores de la protesta. Según Bullrich, Capriotti tiene aspiraciones de presidir Chacarita Juniors y es un protegido del sindicalista Luis Barrionuevo.
En su exposición, la ministra reveló que durante la marcha se encontraron armas de fuego y armas blancas, además de clavos diseñados para perforar neumáticos de motos y patrulleros. “Todo estaba preparado para generar el nivel de violencia que se produjo”, sostuvo.
Bullrich destacó el accionar de las fuerzas federales desplegadas en el operativo, que incluyó a Gendarmería, Prefectura, el Servicio Penitenciario, la Policía Federal, la Policía de la Ciudad y la PSA. Durante la represión de los disturbios, se detuvo a varias personas con antecedentes penales, entre ellos dos extranjeros: un mexicano y una peruana, quienes serán expulsados del país.
Por otro lado, la ministra cargó contra la jueza Karina Andrade, quien otorgó la libertad a los detenidos. “De ninguna manera aceptamos que una jueza haya liberado a los violentos. El que va con una bomba molotov y a romper todo tiene un objetivo claro: la desestabilización”, sentenció.
Bullrich también denunció la participación de barrabravas de distintos clubes como Gimnasia de La Plata, Deportivo Merlo, Tigre, Independiente y All Boys, y pidió a los clubes que expulsen a los socios involucrados.
Finalmente, anunció el envío de un proyecto de ley antibarras que creará la figura de asociación ilícita en el fútbol, buscando penalizar no solo a los violentos, sino también a los dirigentes que los amparen. “La dirigencia del club que es cómplice va a tener la misma pena y será parte de la asociación ilícita”, concluyó.