La Fiscalía Anticorrupción de Córdoba ordenó 12 allanamientos en el marco de una causa que investiga el presunto pago irregular de horas extras en el Ente Municipal Córdoba Obras y Servicios (COYS). La pesquisa se inició tras una denuncia presentada por el presidente del organismo, Santiago Pinsiroli, quien acusó a dirigentes del gremio Surrbac de haberlo extorsionado para autorizar liquidaciones que calificó como ilegales.
De acuerdo con la presentación judicial, la maniobra habría beneficiado a un grupo reducido de empleados vinculados al sindicato con montos extraordinarios que derivaron en recibos de sueldo superiores a los 10 millones de pesos mensuales. Incluso, según consta en la investigación, uno de los agentes involucrados habría llegado a percibir más de 20 millones de pesos en un solo mes.
Horas extras por encima del tope anual y sospechas de defraudación
La denuncia apunta a establecer si existió una defraudación contra la administración pública mediante la carga y autorización sistemática de horas adicionales sin respaldo real ni legalidad.
Según detalló Pinsiroli funcionario designado por el intendente Daniel Passerini, algunos trabajadores llegaron a liquidar 200 horas extras en un mismo mes, una cifra que iguala por sí sola el tope máximo de 200 horas anuales permitido para ese tipo de tareas. Con los 12 operativos desplegados, la Fiscalía busca determinar cómo se validaban esos pagos y quiénes tuvieron responsabilidad administrativa en las autorizaciones.
La denuncia por extorsión y el cruce con la cúpula sindical
Antes de que se concretaran los procedimientos judiciales, el titular del COYS había expuesto el conflicto públicamente a través de sus redes sociales, donde relató haber recibido presiones directas dentro del organismo encargado del barrido y la limpieza urbana.
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Amenazas de paro: “Ayer intentaron extorsionarnos en el COYS. No les voy a firmar horas extras ilegales. Dos dirigentes del Surrbac amenazaron con dejar a Córdoba sin recolección”, advirtió Pinsiroli.
Cuestionamientos a la dirigencia: El funcionario vinculó a los sindicalistas denunciados con otras causas penales en curso: “Son los mismos imputados por lavado de activos en la Justicia Federal y denunciados por amenazas”.
Respaldo a los operarios: Al mismo tiempo, buscó diferenciar a los empleados municipales de la conducción gremial: “Los trabajadores del COYS son gente honesta que sale de madrugada a limpiar la ciudad. El problema no son ellos; es una dirigencia que actúa como patota”.
En el cierre de su descargo, Pinsiroli reclamó una respuesta firme de los poderes del Estado para frenar las presiones: “A mí no me van a doblar el brazo. Le pido a la Justicia y a la política que actúen ya. La ciudad es de los vecinos, no de las mafias”.