El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, ordenó la clausura cautelar por tiempo indeterminado de la estancia La Entrerriana, vinculada al empresario Lázaro Báez, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y violación de embargos judiciales.
La medida, firmada el 17 de noviembre a pedido del fiscal Julio César Zárate, incluye la instalación de una consigna policial permanente en el predio santacruceño para evitar el ocultamiento, la alteración o la sustracción de bienes. La Justicia busca determinar si Báez seguía explotando comercialmente propiedades embargadas desde el penal de Ezeiza, donde cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas Ruta del Dinero K y Vialidad.
El relevamiento en los campos y la situación de la hacienda
De acuerdo con la resolución judicial, los investigadores completaron un inventario en La Entrerriana y contabilizaron 96 bovinos y 203 ovinos, entre los cuales detectaron ejemplares con marcas de otros establecimientos y animales sin identificación reconocible. Además, quedaron fajados distintos vehículos y motovehículos que no podían ser trasladados a dependencias judiciales.
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Cuidado animal garantizado: Pese al cierre preventivo, el magistrado autorizó el ingreso controlado de cuidadores, veterinarios y personal sanitario para asegurar la provisión de agua, alimento y asistencia a los animales.
La situación de estancia Alquinta: En otro de los predios bajo la lupa se detectaron bovinos con marcas ilegibles o alteradas y ganado con señales de terceros. Allí no se dispuso la clausura debido a que el relevamiento debió suspenderse transitoriamente por el período de parición de las ovejas, aunque la Fiscalía deberá garantizar su preservación.
Aviso a la Corte Suprema: Vázquez resolvió informar al máximo tribunal sobre los bienes identificados y las dificultades operativas derivadas del manejo de la hacienda embargada.
Escuchas telefónicas, contratos y conexiones con el narcotráfico
El avance del expediente que ya acumuló 27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires con secuestro de armas, drogas, vehículos y documentación se apoya en escuchas telefónicas entre Báez y Cristian Sebastián Ibáñez, alias "Budín", investigado por presuntos vínculos con el tráfico de cocaína en la provincia patagónica y señalado como operador de confianza del empresario.
En una comunicación del 5 de octubre incorporada a la causa, ambos analizaron la designación de encargados en La Entrerriana y Alquinta. "Yo voy a supervisar los dos lados", advirtió Báez, quien en otro tramo de las conversaciones dejó en claro su intención de mantener el mando sobre los activos: "El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados".
Los peritos también secuestraron planillas y acuerdos comerciales bajo sospecha:
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Arrendamiento impago: Un contrato de alquiler de una propiedad rural a Ibáñez, quien registraba una deuda acumulada de $12 millones.
Capitalización ganadera: Un convenio firmado en marzo de 2025 por Austral Agro —firma ligada a Báez— para la cría, engorde y esquila de 7.000 ovejas en la estancia Coronel Guarumba.
Por esta trama también permanece detenida con prisión preventiva en Ezeiza Claudia Insaurralde, pareja de Báez y señalada por contar con facultades para administrar sus bienes, cuya defensa ya solicitó el beneficio del arresto domiciliario.