Claudia Insaurralde quedó alojada en el penal de mujeres tras recibir seis meses de prisión preventiva. Su defensa negó que haya intentado escapar, solicitó el arresto domiciliario y argumentó que tiene dos hijos menores y antecedentes de una enfermedad oncológica.
Lázaro Báez y Claudia Insaurralde.
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Claudia Noemí Insaurralde, pareja del empresario Lázaro Báez, fue trasladada este domingo al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde deberá cumplir la prisión preventiva que dispuso la Justicia Federal de Río Gallegos. En paralelo, su defensa presentó un pedido para que pueda continuar detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario y rechazó las sospechas de que haya intentado escapar de la Justicia.
La mujer había sido detenida el pasado 9 de noviembre en el aeropuerto de Ezeiza, cuando arribó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Río Gallegos. Viajaba junto a Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como "Budín", otro de los hombres de confianza del empresario, quien también quedó detenido en el marco de la investigación.
Luego de la audiencia de formalización de la investigación, el juez federal Claudio Vázquez ordenó que ambos permanezcan bajo prisión preventiva durante 180 días. La medida se tomó ante los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
La causa busca determinar si existió una organización dedicada a administrar, explotar y comercializar bienes vinculados a Báez, pese a que buena parte de ese patrimonio se encontraba embargado o decomisado por la Justicia en el marco de las condenas por las causas Vialidad y la Ruta del Dinero K.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, encabezada por Julio Zárate, el empresario habría continuado impartiendo instrucciones desde su lugar de detención para mantener en funcionamiento sus negocios, propiedades y explotaciones agropecuarias. En ese esquema, Insaurralde habría cumplido un papel central como intermediaria entre Báez y las personas que operaban fuera del penal.
La solicitud para cambiar las condiciones de detención fue presentada por la abogada Yanina Nicoletti, quien también representa a Báez. Entre los argumentos expuestos, la defensa señaló que Insaurralde tiene dos hijos menores de edad, de 13 y 15 años, que quedaron sin el cuidado cotidiano de su madre tras su detención.
Según el planteo, los adolescentes permanecen actualmente al cuidado de una prima, pero esa situación sería difícil de sostener en el tiempo debido a problemas económicos y de salud de la familiar.
Otro de los fundamentos está relacionado con los antecedentes médicos de Insaurralde. La defensa acompañó documentación que acredita que en 2024 atravesó un carcinoma mamario, por el que recibió quimioterapia, radioterapia e intervenciones quirúrgicas.
Además, sostuvo que la mujer continúa bajo seguimiento médico y que tiene pendiente un procedimiento diagnóstico por un nuevo hallazgo mamario. Si bien recibe la medicación correspondiente en su actual lugar de detención, su abogada argumentó que el encierro dificulta el acceso oportuno a la atención sanitaria que necesita.
En otro tramo de la presentación, la defensa rechazó que el viaje desde Santa Cruz hacia Buenos Aires haya tenido como finalidad evadir a las autoridades. La abogada sostuvo que se trataba de un regreso programado a su domicilio en San Vicente, provincia de Buenos Aires.
La fiscalía había señalado que Insaurralde no tendría un arraigo firme en ese distrito, debido a que los registros de antenas telefónicas la ubicaban reiteradamente en Río Gallegos. Sin embargo, su representante legal respondió que esas permanencias obedecían a visitas familiares y gestiones personales, y no a un cambio de residencia.
Como parte del pedido, la defensa propuso que la mujer cumpla la prisión domiciliaria en una vivienda de San Vicente, inmueble que, según indicó, ya había sido inspeccionado y declarado apto por las autoridades de vigilancia electrónica cuando Báez cumplió una medida similar.
Ahora, la decisión quedará en manos del juez federal Claudio Vázquez, quien deberá evaluar los argumentos presentados y resolver si concede o rechaza el beneficio solicitado.
