El empresario Lázaro Báez impartía órdenes desde la cárcel de Ezeiza para administrar propiedades y bienes embargados vinculados al narcotráfico y lavado de dinero.
Foto:
El empresario Lázaro Báez, condenado por corrupción, continuó impartiendo órdenes desde la cárcel de Ezeiza para administrar y explotar propiedades embargadas. Las escuchas judiciales revelan cómo dirigía operaciones de alquiler, ventas y administración de ganado, desconfiando incluso de su pareja, Claudia Insaurralde.
La Justicia Federal sospecha que Báez lideró una organización para operar activos ilícitos a espaldas de los tribunales. Se estima que se habrían movido unos 400 millones de pesos por fuera del control judicial, con la presunta colaboración de Insaurralde y su mano derecha, Cristian Sebastián Ibáñez, alias "Budín".
Las comunicaciones, incorporadas a la causa por presunto lavado de dinero, asociación ilícita y narcotráfico, muestran al empresario dando directivas claras sobre la administración de estancias como La Entrerriana y Alquinta. "El dueño de la historia acá soy yo", afirmó Báez en una de las grabaciones, marcando su supuesta autoridad sobre el patrimonio.
Las conversaciones entre Báez e Ibáñez, a quienes se referían como "Tío" y "Budín" respectivamente, detallan cómo se debían designar administradores y cómo sortear las intervenciones judiciales. Insaurralde, apodada "la Tía", también habría participado en la administración de bienes, según las anotaciones secuestradas y las escuchas.
La pareja de Báez, Claudia Insaurralde, fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza junto a otras dos personas, tras arribar en un vuelo desde Río Gallegos, lo que generó sospechas de un intento de fuga. La Justicia formalizó la investigación contra 16 personas, incluyendo a Báez, Insaurralde e Ibáñez, quienes quedaron con prisión preventiva.
La actividad ganadera y los alquileres de inmuebles habrían sido las principales vías para generar fondos presuntamente fuera del control estatal. Se investigan movimientos financieros por aproximadamente 390 millones de pesos, vinculados a la organización, que incluían la administración de estancias, departamentos y vehículos.
Los fiscales apuntan a la participación de otras personas en la estructura, como Fausto Ignacio Devetac y Valentina Micaela Devetac, pareja de Ibáñez, quienes habrían actuado como operadores logísticos y testaferros financieros. También se analizan transferencias bancarias y el uso de billeteras virtuales sin respaldo aparente.
