La Justicia Federal de Santa Cruz ordenó operativos en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires. Investigan el presunto uso de bienes de origen ilícito y el transporte de cocaína en camiones de carga.
En el marco de una compleja investigación por lavado de activos y tráfico de estupefacientes, la Justicia Federal de Santa Cruz dispuso este martes más de veinte allanamientos simultáneos en propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez, tanto en la provincia sureña como en Buenos Aires.
Los procedimientos fueron dictados por el juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, a solicitud de la Unidad Fiscal de Río Gallegos y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Las medidas alcanzaron no solo al empresario patagónico —quien cumple condena por las causas “Ruta del Dinero K” y “Vialidad”—, sino también a su actual pareja, Claudia Insaurralde, encargada de la administración de sus bienes, a un chofer y a otros presuntos implicados.
Narcotráfico y maniobras patrimoniales
La causa principal investiga el accionar de una supuesta red dedicada al transporte de cocaína en camiones de una empresa de transportes desde al menos diciembre de 2025. Según el expediente, la distribución del material estupefaciente era coordinada por dos hombres, teniendo como punto de entrega clave un lavadero de vehículos en Río Gallegos.
A partir de esta causa surgió una derivación judicial que involucra directamente a Báez. La hipótesis sostiene que el empresario encabezaría una estructura destinada a administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito, sustrayendo dichos bienes de la ejecución de las condenas judiciales que pesan en su contra. De acuerdo a fuentes del caso, uno de los presuntos articuladores de esta maniobra financiera sería, al mismo tiempo, el líder de la banda narco en Santa Cruz.
Los operativos se concretaron entre el lunes y el martes en inmuebles situados en Río Gallegos, El Calafate, estancias santacruceñas y domicilios de Buenos Aires. En el despliegue intervinieron efectivos de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.
Como resultado de las requisas, las fuerzas de seguridad secuestraron estupefacientes, documentación clave y diversos vehículos vinculados a los imputados. Asimismo, a pedido de los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco, el magistrado ordenó embargos preventivos y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de todos los investigados.
