16 de noviembre de 2026 - 16:24

Los negocios rurales de Lázaro Báez desde la cárcel: una estancia a un presunto narco y un contrato por 7.000 ovejas

Documentos incorporados a una investigación federal revelan operaciones de Austral Agro en Santa Cruz. La Justicia busca determinar si Báez siguió administrando bienes embargados desde prisión.

La investigación sobre los negocios que Lázaro Báez habría continuado manejando desde prisión sumó documentos que exponen movimientos millonarios alrededor de sus propiedades rurales en Santa Cruz. Entre ellos aparecen el alquiler de una estancia a un hombre investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico y un acuerdo ganadero por 7.000 ovejas.

Los contratos involucran a Austral Agro S.A., una de las sociedades vinculadas al empresario condenado, y forman parte del material que analiza la Justicia federal para determinar si Báez continuó explotando económicamente bienes alcanzados por medidas judiciales mientras permanecía detenido.

La pesquisa está encabezada por el fiscal federal de Río Gallegos Julio Zárate y apunta a una presunta estructura que habría utilizado estancias, alquileres y otras operaciones comerciales para mover dinero por fuera del control judicial. Entre las personas investigadas aparecen Claudia Insaurralde, pareja de Báez, y Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”.

Una estancia por $2 millones mensuales y una deuda que ya alcanzaba los $12 millones

Uno de los documentos corresponde a la estancia La Entrerriana, propiedad de Austral Agro y ubicada en Santa Cruz. El contrato establece que el inmueble fue alquilado por tres años, desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2029, para ser destinado exclusivamente a la explotación agropecuaria.

El canon pactado fue de $2 millones mensuales, a pagar por adelantado durante los primeros cinco días hábiles de cada mes. Como locatario figura Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín”, señalado por los investigadores como un hombre de confianza de Báez y bajo investigación por supuestos vínculos con una organización dedicada al transporte y distribución de cocaína en Santa Cruz.

El contrato de La Entrerriana fijó un alquiler de $2 millones mensuales desde mayo de 2026 y tiene como locatario a Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”.

El contrato de La Entrerriana fijó un alquiler de $2 millones mensuales desde mayo de 2026 y tiene como locatario a Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”.

La documentación secuestrada durante los allanamientos incorporó además un dato llamativo: según una planilla analizada por los investigadores, Ibáñez no habría abonado el alquiler desde el inicio del acuerdo y ya acumulaba una deuda de $12 millones. TN señaló también que el propio investigado publicó en TikTok videos con ovejas y distintas imágenes del establecimiento rural.

El otro contrato: 7.000 ovejas para cría, engorde y esquila

Otro documento bajo análisis tiene fecha del 22 de marzo de 2025 y corresponde a un contrato de capitalización ganadera entre Austral Agro, representada por su presidenta Belén Casafúz Parada, y Paula Beatriz Godfrid. El acuerdo contemplaba la entrega de 7.000 ovejas para su cría, engorde y esquila en la estancia Coronel Guarumba.

Según el contrato, esos animales debían sumarse a otras 1.000 ovejas propiedad de Austral Agro, conformando un stock total de 8.000 cabezas. La empresa quedaba encargada de proporcionar el campo para el pastoreo, garantizar condiciones de alimentación y aportar la mano de obra necesaria para el cuidado y vigilancia del ganado.

El acuerdo firmado en marzo de 2025 contemplaba el ingreso de 7.000 ovejas a la estancia Coronel Guarumba, que se sumarían a otras 1.000 pertenecientes a Austral Agro.

El acuerdo firmado en marzo de 2025 contemplaba el ingreso de 7.000 ovejas a la estancia Coronel Guarumba, que se sumarían a otras 1.000 pertenecientes a Austral Agro.

El documento también establecía que Austral Agro debía afrontar salarios, cargas sociales y gastos de manutención de los trabajadores rurales. Los investigadores buscan determinar ahora si se trató de operaciones comerciales genuinas o si formaron parte de un mecanismo destinado a explotar bienes sujetos al control de la Justicia.

La pesquisa detectó además que Godfrid y su hijo, Mauro Gastón Trevisan Godfrid, transfirieron $26,2 millones a Ibáñez entre abril y octubre de 2026. De acuerdo con la investigación citada por TN, parte de esos fondos habría sido posteriormente enviada a cuentas relacionadas con Claudia Insaurralde y Fausto Devetac, cuñado de “Budín”.

Una planilla con alquileres millonarios y hasta pagos en animales

La documentación incorporada al expediente también incluye una planilla que detalla distintos establecimientos vinculados al entramado empresarial de Báez, sus arrendatarios y los importes pactados. Allí aparecen contratos mensuales millonarios, pagos anuales y hasta un acuerdo cuya contraprestación figuraba directamente en animales.

Entre los registros aparece la estancia Coronel Guarumba, con $5 millones mensuales durante el primer año; La Santafesina y sección La Ana, con $4.088.500; y La Verdadera Argentina, con un pago anual estimado en $80 millones sujeto al valor del kilo de cordero. Para Los Médanos, en cambio, la planilla consigna como pago seis caballos.

La planilla secuestrada enumera diferentes estancias, arrendatarios y cánones, con acuerdos que iban desde pagos mensuales millonarios hasta contraprestaciones en animales.

La planilla secuestrada enumera diferentes estancias, arrendatarios y cánones, con acuerdos que iban desde pagos mensuales millonarios hasta contraprestaciones en animales.

La propia investigación advierte que los montos asentados en esas planillas no necesariamente representan dinero efectivamente cobrado. El objetivo judicial es reconstruir el circuito económico y determinar qué fondos ingresaron, quiénes los administraron y cuál fue finalmente su destino.

Las escuchas que apuntan al control de Báez desde prisión

Los contratos se suman a escuchas telefónicas incorporadas al expediente que, según la acusación, mostrarían a Báez dando instrucciones sobre la administración de sus campos pese a encontrarse detenido. En una conversación del 5 de octubre con Ibáñez, el empresario se refirió al manejo de La Entrerriana y Alquinta y discutió quiénes debían quedar al frente de los establecimientos.

En otro tramo de esa comunicación, Báez sostuvo que iba a “supervisar los dos lados”, una expresión que los investigadores consideran relevante para determinar si seguía interviniendo activamente en decisiones vinculadas con propiedades que estaban bajo control judicial.

La Justicia también analiza movimientos asociados con otras firmas del entramado empresarial, entre ellas Kank y Costilla S.A., además del posible uso de camiones y maquinaria en operaciones bajo sospecha. La investigación derivó en 27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires, durante los cuales se secuestraron vehículos, documentación, armas y estupefacientes.

Báez cumple actualmente una condena unificada de 15 años de prisión por las causas Ruta del Dinero K y Vialidad. El expediente deberá determinar ahora si, aun estando privado de su libertad, continuó explotando y administrando parte de su patrimonio a través de colaboradores que ejecutaban sus instrucciones.

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