La jueza dejó sin efecto la condena de 2023 contra la Argentina y dio por terminada la primera instancia. Burford Capital, el fondo que financia la demanda, espera que el máximo tribunal estadounidense acepte revisar el caso.
YPF fue expropiada en 2012 (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)
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La jueza federal Loretta Preska dio por terminado su rol en el juicio por la expropiación de YPF. Con una nueva resolución, anuló su propia sentencia de 2023, que favorecía a los demandantes, y cerró formalmente el expediente en primera instancia. Pese a ello, el litigio sigue abierto: la Corte Suprema de Estados Unidos deberá decidir si acepta el recurso de Burford Capital, presentado a comienzos de octubre.
La decisión de Preska se limita a acatar lo resuelto por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que el 27 de marzo revocó la condena de más de USD 16.000 millones contra la Argentina. El fallo de segunda instancia lo firmaron los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes. Para ellos, Preska había interpretado mal el derecho argentino al dictar la sentencia original.
Fuentes de la Procuración del Tesoro le explicaron a Infobae que se trata de un trámite meramente procesal y que ya lo daban por descontado. Según indicaron, la demora en la llegada del documento era conocida. Aclararon también que esto no pone fin a la causa, porque todavía falta el pronunciamiento de la Corte Suprema.
Según informó Bloomberg, los demandantes calificaron el fallo del Segundo Circuito de gravemente erróneo y sin precedentes. Acusan al tribunal de apartarse de la jurisprudencia de la Corte al priorizar una interpretación del derecho argentino y una decisión de tribunales locales.
Fuentes oficiales recordaron que el recurso de certiorari no obliga a la Corte a tomar el caso: son los jueces quienes eligen si lo revisan. El tribunal recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones por período de sesiones y admite alrededor de 80. Además, no hay plazo fijado para resolver, por lo que es difícil anticipar cuándo habrá una definición.
Desde la Procuración del Tesoro afirmaron que preveían este escenario desde marzo y que ya trabajan en la estrategia de defensa de los intereses del Estado. En paralelo, Burford abrió otro frente: inició acciones ante el CIADI, el tribunal del Banco Mundial para disputas de inversión, en representación de las sociedades Petersen.
