La administración estadounidense reclamó terminar con el organismo de la ONU donde Argentina plantea cada año la disputa de soberanía. El pedido aparece apenas días después de que ambos gobiernos reafirmaran su “alianza estratégica”.
Una diferencia entre Milei y Trump por un organismo clave para Malvinas.
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La estrecha relación política que Javier Milei construyó con Donald Trump sumó un punto de contraste en un tema especialmente sensible para la Argentina: las Islas Malvinas. El gobierno de Estados Unidos pidió poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24), uno de los principales ámbitos multilaterales donde el país sostiene su reclamo de soberanía y consigue resoluciones que instan a Buenos Aires y Londres a retomar las negociaciones.
El planteo resulta particularmente llamativo por el momento en el que se produce. Apenas tres días antes, Milei había mantenido una conversación con Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Trump, en la que ambos gobiernos reafirmaron oficialmente la “solidez” del vínculo bilateral y acordaron seguir profundizando la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos.
La postura norteamericana no estuvo dirigida específicamente contra el reclamo argentino ni mencionó a Malvinas durante la intervención. Sin embargo, alcanza directamente a un organismo que Buenos Aires utiliza desde hace décadas para mantener internacionalizada la disputa con Reino Unido. Por eso, la posición de Washington marca una diferencia concreta en medio de una relación que los dos gobiernos presentan públicamente como una de las alianzas más estrechas de la política exterior argentina.
La posición fue planteada por una representante estadounidense durante una reunión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, encargada de cuestiones políticas especiales y de descolonización. Allí, Washington sostuvo que el Comité Especial “ha sobrevivido a su propósito original” y cuestionó que continúe revisando anualmente situaciones que considera repetitivas.
Estados Unidos también cuestionó los recursos destinados a la estructura y a las visitas que realiza el organismo a distintos territorios. Bajo ese argumento, la delegación planteó directamente que debería finalizarse su mandato, en línea con la política de la administración Trump de reducir gastos, personal y organismos dentro de Naciones Unidas.
Por ahora, de todos modos, no existe una resolución aprobada para disolver el C-24 ni hubo una votación específica para eliminarlo. Se trató de una posición oficial expresada por Estados Unidos ante la comisión, por lo que el organismo continúa funcionando y cualquier modificación de su mandato debería atravesar el procedimiento correspondiente dentro de Naciones Unidas.
El punto sensible para el Gobierno argentino aparece en el rol que cumple el C-24 en la Cuestión Malvinas. El comité fue creado en 1961 para seguir los procesos de descolonización y actualmente analiza la situación de 17 territorios no autónomos, diez de ellos administrados por Reino Unido. Dentro de sus debates se encuentra periódicamente la disputa por las islas.
Argentina lleva allí cada año su reclamo y sostiene que existe una controversia de soberanía pendiente con Reino Unido. Las resoluciones adoptadas en ese ámbito han reiterado el llamado a ambos gobiernos para que reanuden las negociaciones y encuentren una solución pacífica, una posición que Buenos Aires utiliza como respaldo diplomático frente al argumento británico basado en la autodeterminación de los habitantes de las islas.
Una eventual desaparición del Comité de Descolonización no significaría que Naciones Unidas deje automáticamente de reconocer la existencia de la disputa ni eliminaría las resoluciones previas sobre Malvinas. Sí supondría, en cambio, la pérdida de uno de los espacios institucionales específicos en los que Argentina consigue que el tema sea tratado regularmente dentro del sistema de la ONU.
La diferencia con Washington aparece además cuando el Gobierno de Milei viene elevando considerablemente el perfil de su política sobre las islas. El 23 de septiembre, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente definió a Malvinas como una “causa nacional”, volvió a pedirle a Reino Unido que negocie y aseguró que Argentina avanzaría con medidas propias para defender sus derechos.
Cinco días después, el Ejecutivo ordenó iniciar un procedimiento de arbitraje internacional por el proyecto petrolero Sea Lion, al considerar que Reino Unido está permitiendo una explotación unilateral de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Posteriormente, el 13 de octubre, Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para intentar impedir el avance de esas operaciones.
El Gobierno también impulsó sanciones contra compañías y personas vinculadas a la explotación de recursos en el área en disputa y envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional destinado a reforzar las herramientas jurídicas frente a esas actividades.
En paralelo a esa ofensiva diplomática por Malvinas, Milei profundizó su alineamiento con Washington. La Casa Rosada define oficialmente el vínculo con Estados Unidos como una “alianza estratégica” y el pasado 16 de octubre, durante la conversación entre el presidente y Rubio, ambos gobiernos destacaron nuevamente la intención de ampliar el comercio, las inversiones y la cooperación política y de seguridad.
La cercanía viene construyéndose desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. En 2025, Milei fue recibido oficialmente en Washington y ambos gobiernos avanzaron posteriormente en un marco para profundizar el comercio y las inversiones bilaterales. Estados Unidos también anunció en septiembre de este año planes de financiamiento por hasta US$7.000 millones para proyectos argentinos vinculados con energía y minerales críticos, otra muestra de una relación económica que se profundizó junto con la sintonía política.
Por eso, el movimiento estadounidense en Naciones Unidas introduce un matiz importante. No implica que Washington haya rechazado formalmente la soberanía argentina sobre Malvinas ni supone un cambio específico de posición sobre la disputa, ya que su representante no mencionó el archipiélago. Pero sí enfrenta a la administración de Trump con la continuidad de un organismo que Argentina considera relevante para sostener internacionalmente su reclamo.
En medio de una relación bilateral que Milei y Trump buscaron mostrar como especialmente cercana, Malvinas aparece así como uno de los temas donde los intereses de ambos gobiernos no necesariamente avanzan en la misma dirección.
