La diputada Marcela Pagano ingresó una iniciativa en la Cámara baja para movilizar inversiones privadas hacia la exploración de litio, cobre y tierras raras.
Con el objetivo de dinamizar la exploración y el desarrollo de recursos clave para la transición energética, se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para crear un Régimen Federal de Financiamiento Estructurado para Minerales Estratégicos. La iniciativa, promovida por la legisladora oficialista Marcela Pagano, busca canalizar capitales privados nacionales e internacionales hacia proyectos de cobre, litio, tierras raras, níquel, cobalto, manganeso y grafito.
El pilar del proyecto es la constitución de un fideicomiso financiero nacional, cuya administración estará a cargo del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Este instrumento permitirá estructurar y negociar derechos económicos sobre los flujos de fondos futuros de los yacimientos, aclarando que el mecanismo no implicará la cesión de recursos naturales, concesiones ni participación accionaria en las compañías operadoras.
Para captar el financiamiento, el régimen contempla la emisión de Valores Fiduciarios de Desarrollo (VFD), títulos que cotizarán en los mercados y estarán respaldados por contratos vinculados a la producción futura de los proyectos.
Para resguardar el patrimonio de las empresas mineras, el texto fija topes al porcentaje de ingresos futuros que cada emprendimiento podrá comprometer, los cuales variarán de acuerdo con la etapa de avance y madurez en que se encuentre el proyecto (prospección, exploración avanzada o factibilidad).
En busca de reducir la burocracia que suele desacelerar la puesta en marcha de los yacimientos, la norma prevé la apertura de una Ventanilla Única de Inversión para Minerales Estratégicos.
Este organismo centralizará la información técnica, coordinará las autorizaciones entre la Nación y las provincias, y aplicará un esquema de facilitación regulatoria con plazos máximos para que la autoridad de aplicación resuelva los trámites administrativos de las empresas adheridas.
Entre las medidas de fomento económico, la propuesta legislativa incluye:
Exenciones tributarias sobre determinados instrumentos financieros del régimen.
Estabilidad fiscal nacional durante la vigencia de los contratos fiduciarios.
Deducciones impositivas por reinversión en tareas de exploración, obras de infraestructura o desarrollo tecnológico.
Asimismo, la letra chica de la iniciativa impone restricciones estrictas sobre el destino del capital obtenido: se prohíbe taxativamente que los fondos sean utilizados para solventar gasto corriente o para la refinanciación de deudas corporativas.
Para garantizar la transparencia en el manejo de los fondos, el régimen establece la creación de un panel técnico independiente y una comisión bicameral de seguimiento dentro del Congreso, además de la obligación de hacer públicos todos los contratos, prospectos e informes periódicos de gestión.
Finalmente, el texto ratifica la vigencia irrestricta de las normativas ambientales nacionales y provinciales, e incorpora la creación de fondos específicos destinados al desarrollo de las comunidades del área de influencia y esquemas de participación para proveedores locales.
