Cristina Kirchner busca denunciar presuntas violaciones a las garantías del debido proceso en la Justicia argentina.
Cristina de Kirchner dio un giro en su estrategia judicial e incorporó a su equipo de defensa al reconocido jurista brasileño Rafael Valim, uno de los abogados que integró el equipo técnico que defendió al actual mandatario de Brasil, Lula da Silva.
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Con el objetivo de llevar la discusión fuera de las fronteras argentinas, Cristina Fernández de Kirchner dio un giro en su estrategia judicial e incorporó a su equipo de defensa al reconocido jurista brasileño Rafael Valim, uno de los abogados que integró el equipo técnico que defendió al actual mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión de la exmandataria busca acudir a organismos y tribunales internacionales —entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— para denunciar supuestas irregularidades en el juzgamiento de la causa Vialidad, expediente por el cual la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena.
Valim es un destacado especialista en derecho administrativo y en el concepto de lawfare (guerra judicial con fines políticos). En Brasil, trabajó junto al equipo legal que logró revertir las condenas que pesaban sobre Lula da Silva en la causa Lava Jato, abriendo la puerta para su posterior regreso a la presidencia.
El rol del abogado brasileño estará centrado exclusivamente en la vía internacional:
Presentación ante la CIDH: Elaborar el reclamo por presuntas vulneraciones al debido proceso y a las garantías judiciales.
Denuncia de lawfare: Argumentar que la causa formó parte de una persecución política impulsada para inhabilitarla de la función pública.
Estrategia técnica fuera del país: Coordinar acciones con juristas de la región para visibilizar el caso en foros de derechos humanos.
La vía local agotada y el frente internacional
Tras la ratificación del fallo condenatorio por parte del máximo tribunal argentino —que incluye la pena privativa de la libertad y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos—, las instancias de apelación en el Fuero Federal y en la Justicia ordinaria del país quedaron agotadas.
Por esta razón, la estrategia de la ex jefa de Estado apunta ahora a lograr un pronunciamiento de los tribunales supranacionales que ordene revisar la sentencia o declare la responsabilidad del Estado argentino por incumplimiento de pactos internacionales.
Para entender el trasfondo mediático de la condena penal, podés ver el análisis sobre el fallo judicial en la Causa Vialidad, donde se discuten los alcances del decomiso y las inhabilitaciones dispuestas.
