El Gobierno nacional avanza en un anteproyecto de ley que promete una profunda reestructuración regulatoria en múltiples sectores comerciales y financieros. Entre los puntos más controvertidos, la iniciativa busca desregular los planes de ahorro previo para la compra de autos 0 km, eliminando la fiscalización que hoy ejerce el Estado sobre las empresas administradoras de estos grupos.
El texto, elaborado por la cartera conducida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, plantea quitarle a la Inspección General de Justicia (IGJ) el control específico sobre el sistema. De aprobarse, las operaciones de capitalización y ahorro pasarán a regirse únicamente por el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor.
Fin del control estatal y los riesgos para los suscriptores
Actualmente, la IGJ regula las condiciones de comercialización, audita la solvencia de las administradoras y fiscaliza el cumplimiento de los compromisos asumidos con los ahorristas, tales como los plazos de entrega de los vehículos, los costos de adjudicación y el precio de los seguros prendarios.
Especialistas y voceros del sector automotor encendieron las alarmas ante este posible escenario. Señalan que, al derogar la normativa vigente (Decreto 142.277), las empresas ya no tendrán la obligación legal de someterse a esas garantías previas.
Sin el filtro estatal, cualquier firma podrá lanzar sistemas de ahorro previo sin acreditar respaldo patrimonial. Esto dejaría a los consumidores expuestos a eventuales incumplimientos o estafas, teniendo que recurrir a la Justicia o a Defensa del Consumidor recién cuando el perjuicio ya se haya consumado.
Un sistema clave para el mercado automotor
La medida genera fuerte preocupación si se tiene en cuenta el impacto del sistema en el mercado local: actualmente, el 30% de los autos 0 km que se patentan en la Argentina se venden a través de planes de ahorro.
Además, la posible reforma coincide con el desembarco de nuevas marcas automotrices —principalmente de origen chino con vehículos híbridos y eléctricos— que buscan comercializar mediante este formato. Según analistas del sector, al no contar con terminales tradicionales en el país ni administradoras propias, la falta de regulación sobre el armado y disolución de los grupos podría derivar en serias dificultades para la entrega de las unidades prometidas.