El proyecto con media sanción del Senado modifica los procesos de desalojo, fija plazos para intimaciones por falta de pago y redefine obligaciones de inquilinos y dueños.
Ley de Propiedad Privada.
Foto:
El debate por los alquileres vuelve a quedar en el centro de la escena política y judicial. El Senado dio media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que introduce cambios en los procedimientos de desalojo de inmuebles urbanos y rurales y que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
La propuesta apunta a acelerar los tiempos judiciales cuando exista un conflicto por la tenencia de una propiedad. En ese marco, el llamado desalojo exprés aparece como uno de los puntos más sensibles para el mercado inmobiliario, ya que modifica reglas que involucran tanto a propietarios como a inquilinos.
El eje central del proyecto es que las acciones de desalojo se tramiten por una vía más rápida, conocida como juicio sumarísimo. Según la iniciativa, esto permitiría reducir los tiempos frente a ocupaciones cuestionadas, contratos vencidos o situaciones de falta de pago.
Además, el texto amplía quiénes podrían iniciar una demanda. No solo estaría habilitado el propietario, sino también cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo afectado por la ocupación del inmueble.
Este punto es clave porque modifica el mapa de legitimación para reclamar judicialmente. En términos prácticos, la discusión ya no quedaría limitada al dueño registral, sino que podría incluir a otros actores que acrediten un vínculo jurídico o un interés afectado.
Uno de los capítulos más relevantes está vinculado a los alquileres de vivienda. El proyecto establece que, antes de presentar una demanda de desalojo por falta de pago, el locador deberá intimar de manera fehaciente al locatario y otorgarle un plazo mínimo de 10 días corridos para cancelar la deuda.
La notificación podrá enviarse al domicilio declarado en el contrato, sea físico o electrónico. También se consideraría válida si el inquilino se negara a recibirla o si no pudiera concretarse por causas atribuibles a él.
En otras palabras, el proyecto busca evitar que la falta de recepción de una comunicación frene automáticamente el avance del proceso. Para los propietarios, esto representa una herramienta para acelerar reclamos. Para los inquilinos, implica la necesidad de prestar especial atención a los domicilios, correos informados y condiciones pactadas en el contrato.
La iniciativa también incorpora reglas sobre la entrega del inmueble. Si el contrato finaliza o si se cumple el plazo de intimación sin regularizar la deuda, el inquilino deberá restituir la tenencia de la propiedad.
A su vez, el proyecto señala que el propietario no podrá negarse a recibir las llaves ni condicionar esa recepción, aunque conserve la posibilidad de reclamar obligaciones pendientes.
Este punto busca ordenar una situación frecuente en conflictos locativos: cuando una de las partes quiere cerrar la relación contractual, pero la otra demora o rechaza la devolución formal del inmueble.
Para los dueños, la principal novedad es la posibilidad de contar con un procedimiento judicial más veloz. Si la norma avanza en Diputados, el reclamo por desalojo podría tramitarse por la vía más breve prevista por la ley, lo que reduciría la incertidumbre sobre la recuperación del inmueble.
También se amplía el margen de acción en casos de ocupaciones indebidas. La posibilidad de que otros sujetos con interés legítimo puedan demandar podría impactar en situaciones complejas, como inmuebles administrados por terceros, herencias, cesiones o conflictos sobre el uso efectivo de una propiedad.
Para los inquilinos, el cambio más importante está en los plazos y en el valor de las notificaciones formales. La falta de pago podría derivar en una intimación y, si no hay regularización dentro del plazo mínimo previsto, el propietario quedaría habilitado a iniciar la demanda.
Esto no significa que el desalojo sea automático. El proceso seguiría siendo judicial. Sin embargo, el proyecto busca que el trámite avance con mayor rapidez y con menos demoras procesales.
Por eso, frente a una deuda o conflicto contractual, será fundamental conservar comprobantes de pago, responder comunicaciones formales y revisar que los datos fijados en el contrato estén actualizados.
El debate también incluye la situación de menores, personas con discapacidad y adultos mayores en contextos de vulnerabilidad. Distintas coberturas periodísticas señalaron que el proyecto contempla la intervención de organismos locales de protección en estos casos.
Este punto será uno de los que probablemente concentre mayor discusión en Diputados, porque obliga a equilibrar dos dimensiones sensibles: la protección del derecho de propiedad y la necesidad de evitar situaciones de desamparo habitacional.
Por ahora, la iniciativa no es ley. El Senado le dio media sanción, pero todavía falta el tratamiento en la Cámara de Diputados. Solo si obtiene aprobación definitiva podrá modificar las reglas vigentes.
Hasta entonces, los contratos de alquiler y los procesos judiciales continúan bajo el marco normativo actual. Sin embargo, el avance legislativo ya encendió alertas entre propietarios, inquilinos, inmobiliarias y abogados especializados.
