El dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados esta madrugada en el marco de una operación militar estadounidense en Venezuela. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde serán juzgados por conspiración para cometer narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína y posesión de armas de guerra. En el proceso judicial iniciado en el Distrito Sur de Nueva York, Maduro es acusado de liderar una red criminal transnacional identificada por Estados Unidos como el Cártel de los Soles.
Sin embargo, el régimen de Maduro lleva años siendo investigado por otros brutales delitos: las escalofriantes violaciones a los derechos humanos.
Desde 2018, la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene abierta una investigación formal, denominada “Situación Venezuela I”, por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos desde 2014. La CPI inició su examen preliminar en febrero de 2018 tras recibir remisiones de seis países latinoamericanos. En marzo de 2024, la Sala de Apelaciones confirmó la vigencia de la investigación y rechazó todos los argumentos del régimen venezolano.
La investigación de la Corte Penal Internacional documenta crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos en Venezuela (EFE)
El caso internacional se apoya en informes, indicios y testimonios que señalan un patrón de represión sistemática contra opositores y críticos del régimen chavista. Esa conclusión fue explicitada por la Fiscalía de la CPI. El entonces fiscal jefe, Karim Khan, sostuvo: “Existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, son graves y exigen investigación y enjuiciamiento”, y rechazó que el sistema judicial venezolano tenga capacidad real para juzgarlos.
Las investigaciones reportan persecuciones políticas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual cometidas, principalmente, por miembros de las fuerzas del Estado y grupos progubernamentales, con indicios de participación y aprobación de altas autoridades, de acuerdo con la Fiscalía de la CPI. Según la Fiscalía de la CPI, “desde al menos abril de 2017 en adelante, miles de opositores fueron perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron torturados; y fueron sometidos a formas de violencia sexual, incluida la violación”.
Khan detalló que las víctimas sufrieron “palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas”, durante períodos prolongados de detención. Para la Fiscalía, no se trató de hechos aislados. La investigación concluyó que estos crímenes formaron parte de “un ataque contra la población civil de conformidad con una política de Estado”, que fue “como mínimo alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela” y ejecutada principalmente por fuerzas de seguridad, con apoyo de grupos progubernamentales.
La cronología judicial evidencia intentos fallidos del régimen venezolano para bloquear el proceso. En marzo de 2024, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó definitivamente los seis motivos de apelación presentados por Caracas, autorizando que la investigación avance y continúe recabando evidencias y testimonios. En su escrito ante la CPI, Khan también subrayó que el régimen “no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte”, desarmando el principal argumento de Caracas para frenar el proceso. Además, la política de “complementariedad positiva” impulsada por la Fiscalía para mejorar el sistema judicial local, mediante asistencia técnica y diálogo, fue declarada agotada a finales de 2025 por falta de cooperación del Estado venezolano.
En diciembre de 2025, la Asamblea Nacional deel régimen intentó evadir a la Justicia internacional y derogó la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma, una maniobra que buscaba retirar al país de la jurisdicción de la CPI. Sin embargo, expertos jurídicos explicaron que los crímenes cometidos hasta el momento bajo investigación seguirán siendo competencia de la Corte, independientemente del retiro formal.
De hecho, el el patrón de crímenes documentados es amplio y está avalado por informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU. Entre las principales conclusiones destaca la existencia de más de 2.000 detenciones arbitrarias tras las elecciones de julio de 2024.
También se documenta el uso de tortura por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que incluyó violencia sexual, palizas, descargas eléctricas y desapariciones forzadas durante periodos prolongados de incomunicación, según el Instituto CASLA y la CPI.
La causa en la CPI no fue la única pesadilla para el régimen en los últimos años. Hasta los otrora aliados tuvieron la capacidad de señalar las violaciones sistemáticas del chavismo. La ex presidenta chilena y también ex Alta Comisionada Michelle Bachelet denunció en sus informes para la ONU, publicados desde 2019 y actualizados anualmente, la persistencia de torturas, abusos y ejecuciones extrajudiciales, responsabilizando a fuerzas estatales y colectivos armados asociados al chavismo de la mayoría de las muertes violentas. “Documentamos numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y colectivos armados, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención”, afirmó Bachelet en su último informe ante la ONU.
El trabajo documentaba las graves condiciones de detención, la impunidad predominante ante delitos cometidos contra opositores, el control informativo y la falta de respuesta judicial frente a denuncias de tortura, violencia sexual y malos tratos. Además, el OHCHR reportó casos de violencia sexual de género contra mujeres y niñas, con responsabilidad atribuida a miembros del SEBIN, la DGCIM y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y alertó sobre la carencia de instalaciones y personal adecuados para la vigilancia de mujeres detenidas.
En 2022, la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas sobre Venezuela documentó 122 casos de víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de la dictadura chavista desde 2014. Los métodos empleados, la creación de centros clandestinos de detención y el desarrollo de un plan de persecución sistemática contra la oposición del régimen de Nicolás Maduro evocan prácticas de las dictaduras latinoamericanas de los años 70.
Entre las técnicas identificadas se encuentran posiciones de tensión, como la denominada “crucifixión”, en la que las víctimas eran esposadas con los brazos extendidos a tubos o rejillas, y “el pulpo”, que consistía en un cinturón metálico con cadenas para inmovilizar muñecas y tobillos. También se registraron casos de asfixia mediante bolsas de plástico, sustancias químicas o cubos de agua, así como golpes con palos u objetos contundentes.
Las descargas eléctricas aplicadas en los genitales u otras zonas del cuerpo formaban parte del repertorio de torturas, junto con amenazas de muerte o de violencia adicional y amenazas de violación dirigidas a la víctima o a sus familiares. Además, se forzaba a las personas a permanecer desnudas en habitaciones a temperaturas extremadamente bajas y se reportaron casos de encadenamiento prolongado. “La recurrencia de estas prácticas revela la existencia de un patrón de represión sistemática”, denunció entonces la Misión de la ONU.
“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, explicó Marta Valiñas, entonces presidenta de la Misión.
Un caso emblemático es el reporte de Provea y el Centro Gumilla de 2023, que documentó 824 muertes en ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad estatales solo en 2022, reflejando la “institucionalización de la acción deliberada de producir muerte” y la impunidad sistemática. El ex director de Provea, Rafael Uzcátegui, advirtió entonces: “Las cifras de ejecuciones extrajudiciales muestran claramente que la violencia estatal es una herramienta sistemática de control social”.
Actualmente, la investigación de la CPI sigue activa. Maduro fue capturado hoy por los EEUU en un operativo cuyo desenlace es aún incierto, pero durante años, la sociedad venezolana ha exigido justicia ante la comunidad internacional, utilizando los canales legales previstos y reconocidos por el derecho internacional para proteger a las víctimas de los crímenes documentados. Las denuncias, presentadas ante organismos multilaterales y cortes internacionales, reflejan la búsqueda persistente de justicia a través de vías institucionales, enfrentando la represión y, muchas veces, el silencio de la comunidad internacional.