La decisión del Gobierno nacional está tomada: avanzar con la baja de la edad de imputabilidad. Es por eso que tiene todo listo para lograr esta semana el dictamen de los proyectos de ley que hay en el Congreso. Actualmente, el Régimen Penal Juvenil establece el piso en 16 años y la Casa Rosada envió un proyecto para bajarla a 13 años.
Luego de varias reuniones suspendidas, el próximo martes se reunirá el plenario de comisiones que integrarán Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez
y Juventudes y Justicia. Y todo hace suponer que el oficialismo, cediendo, obtendría dictamen.
En acuerdo con otras fuerzas políticas, La Libertad Avanza está cerca de conseguir las firmas necesarias para avanzar con su proyecto, pero con un cambio: la edad sería de 14 años y no de 13 como proponía originalmente. Con esto LLA se asegura el acompañamiento del PRO y de la UCR, el MID y otros bloques menores. Es importante para el oficialismo lograr el dictamen de mayoría, teniendo en cuenta que en total hay 14 proyectos de ley que van desde bajar a 12 años la edad de imputabilidad hasta mantenerla en 16 años. Además de la edad mínima de imputabilidad, los proyectos incluyen disposiciones sobre las sanciones. En la mayoría de los textos se contemplan medidas alternativas a la prisión, como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibiciones de conducción o de acercamiento a determinadas personas, así como reparaciones a las víctimas.
En cuanto a las penas, el texto original del oficialismo establecía que entre las diferencias con el régimen penal para adultos es la del límite de las penas poniendo un techo de 20 años. Los proyectos de la oposición dialoguista bajan a 15 años el tope de reclusión. En todos los esquemas queda “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”. Otro punto en el debate, es el de los espacios de detención. Al bajar la edad de imputabilidad, muchos legisladores señalaron que se incrementarán la cantidad de detenidos y señalaron que hoy el sistema no cuenta con lugares adecuados. Asimismo, el proyecto de ley no establece ninguna partida presupuestaria que implique la construcción de nuevos lugares de detención para los menores.