La Prefectura Naval Argentina ordenó a los profesionales de practicaje y pilotaje volver de inmediato a sus funciones. La medida de fuerza mantiene unos 140 buques paralizados y afecta al comercio exterior.
En medio de la paralización en los puertos, Prefectura intimó a más de 500 trabajadores y todavía hay 140 barcos detenidos (Foto: Agustín Marcarian/Reuters).
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En un intento por destrabar el conflicto que mantiene paralizada parte de la actividad portuaria, el Gobierno nacional intimó este martes a más de 500 trabajadores de practicaje y pilotaje a retomar de inmediato sus tareas en todos los puertos del país. La decisión fue oficializada mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial por la Prefectura Naval Argentina (PNA).
La medida llega mientras el paro del sector mantiene alrededor de 140 buques detenidos y genera demoras en la operatoria del comercio exterior, especialmente en el complejo agroexportador del Gran Rosario.
Según el documento difundido por la Prefectura, los profesionales habilitados fueron notificados para que se pongan "de manera inmediata" a disposición y cumplan con las funciones previstas en el nuevo Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje, aprobado por el Decreto 690/2026.
La protesta comenzó el pasado 1 de agosto, cuando prácticos, pilotos y baqueanos resolvieron dejar de aceptar nuevas asignaciones laborales en rechazo a los cambios introducidos por el Gobierno en el régimen que regula la actividad.
La medida impacta principalmente en los puertos de San Lorenzo, Timbúes, Puerto General San Martín y el Gran Rosario, desde donde sale una parte importante de las exportaciones agroindustriales del país. Como consecuencia, decenas de embarcaciones permanecen fondeadas a la espera de poder ingresar a las terminales.
Los prácticos cumplen un rol esencial en la navegación de grandes buques, ya que son los encargados de asistir a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida en ríos, canales y accesos portuarios.
El origen del conflicto es el Decreto 690/2026, publicado el 31 de julio, que reemplazó la normativa vigente desde 1991 e introdujo modificaciones de fondo en la actividad.
Entre los principales cambios, la nueva reglamentación elimina los cupos para acceder al registro de prácticos, habilita la contratación directa por parte de armadores y agencias marítimas, establece un esquema de tarifas reguladas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y permite que determinados capitanes puedan navegar sin contratar un práctico, siempre que acrediten una cantidad mínima de viajes en una misma zona.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a aumentar la competencia, reducir los costos logísticos y hacer más eficiente el sistema portuario.
En cambio, los representantes del sector advierten que las modificaciones comprometen la seguridad de la navegación y deterioran las condiciones de trabajo de los profesionales.
Mientras continúan las diferencias, el Ejecutivo busca normalizar la actividad mediante la intimación de la Prefectura, aunque por el momento el conflicto sigue sin una solución definitiva.
