La controversia se originó durante la habitual conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada, cuando el portavoz del Ejecutivo defendió la medida oficial que habilita a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros. En ese contexto, Ravier afirmó que manejaba el dato exacto de que el 39% de los alumnos de la UBA pertenecen a otros países.
Bajo ese argumento, el funcionario justificó la iniciativa al señalar que el Estado destina fondos públicos para formar profesionales que luego regresan a sus naciones de origen. Asimismo, aclaró que la normativa no busca vulnerar la autonomía universitaria, sino otorgarles la herramienta legal a las casas de altos estudios para que decidan si desean o no aplicar el cobro, optimizando de este modo los recursos de los contribuyentes.
La respuesta institucional y el choque de cifras
La réplica por parte de la universidad no tardó en llegar. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, salió al cruce de las declaraciones oficiales y desarticuló los números presentados por el Gobierno al exponer los registros estadísticos del ciclo lectivo actual.
De acuerdo con los datos institucionales, el porcentaje real de ingresantes extranjeros en el total de la universidad se ubica en el 2,5%. En tanto, al desglosar la situación por unidades académicas, precisaron que en la Facultad de Ciencias Médicas los estudiantes internacionales alcanzan apenas el 6,1%, una proporción sustancialmente alejada del porcentaje mencionado desde la Casa Rosada.
Desde la alta casa de estudios remarcaron además que rige un exigente requisito de admisión lingüística —como el nivel C1 de español para aspirantes de países no hispanohablantes— y abrieron la puerta a revisar conjuntamente la información técnica para evitar que el debate público se sostenga sobre cifras contradictorias.