Después del alivio que supuso la caída en el Congreso del proyecto de Ficha Limpia -que podría haberla inhabilitado para ser candidata en elecciones nacionales- otra mala noticia vuelve a complicar el escenario judicial que enfrenta Cristina Kirchner: el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó ayer que se debe revisar la condena de la expresidenta por la denominada ‘Causa Vialidad’ y agravarla a 12 años de prisión por asociación ilícita.
Es decir, Casal pidió que Fernández de Kirchner no solo sea castigada por fraude, sino también por asociación ilícita, en la causa por los actos de corrupción que tuvieron lugar con 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz con Lázaro Báez como principal beneficiario.
Tras el pronunciamiento de Casal, solo resta ahora que la Corte Suprema de Justicia dicte su fallo y decida si rechaza todos los recursos presentados por la defensa y la parte acusatoria, y confirma la condena a 6 años de prisión, o si, por el contrario, abre el recurso de queja de la expresidenta o el del Procurador.
La primera alternativa -el rechazo de todos los planteos- implica que la condena se ejecute de inmediato, con la prisión de la expresidenta y su inhabilitación para postularse a cargos públicos nacionales o provinciales. En cambio, si la Corte hace lugar al plateo del Ministerio Público, el caso debe regresar a la Cámara Federal de Casación para revisar si se agrava la pena, con lo que Cristina Kirchner ganaría tiempo y no correría riesgo de que se activara su inhabilitación para postularse en las elecciones del año en curso. El cierre de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires será el 19 de julio.
El procurador Casal respaldó la apelación del fiscal de Casación Mario Villar por “arbitrariedad”. Consideró que la sentencia de la Cámara incurrió en una “causal definida de arbitrariedad” porque omitió responder argumentos clave de la fiscalía y aplicó interpretaciones incorrectas sobre la figura de la asociación ilícita, la doctrina del “hecho único” en la administración fraudulenta, la valoración de la prueba y la cuantificación del decomiso.