24 de septiembre de 2026 - 18:38

La Justicia argentina investiga a las petroleras que operan en las islas y pide informes a Gran Bretaña e Israel

Tras la advertencia del Gobierno sobre el endurecimiento de controles, la Justicia avanzó en la causa por el proyecto Sea Lion. Requieren información societaria en el exterior para ir tras los ejecutivos de las firmas petroleras que operan sin autorización argentina.

En el marco de la causa por la exploración hidrocarburífera ilegal en la Cuenca Malvinas Norte (conocida como el proyecto Sea Lion), el juez federal Julián Ercolini librará pedidos de información a las autoridades judiciales de Gran Bretaña e Israel sobre las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

La medida fue solicitada por el fiscal Carlos Stornelli con el objetivo central de identificar y llamar a indagatoria a los directivos y representantes legales de ambas compañías por la violación a las leyes argentinas, contemplando además el pedido de captura a través de Interpol en caso de que decidan no presentarse.

Los requerimientos internacionales

El avance judicial busca destramar la estructura societaria y las responsabilidades operativas detrás de la extracción de recursos en aguas que la Argentina considera bajo su soberanía:

Requerimiento a Gran Bretaña: El magistrado solicitó los datos societarios de las firmas del grupo Rockhopper, la nómina completa de sus autoridades desde el año 2012 y antecedentes vinculados a las licencias petroleras otorgadas de forma ilegítima.

Requerimiento a Israel: Se exigieron los registros societarios y el listado de directivos de Navitas Petroleum —la operadora principal del proyecto Sea Lion, vinculada a capitales israelíes— desde 2012, así como los detalles sobre sus vínculos comerciales y operativos con Rockhopper.

Adicionalmente, el expediente sumó medidas de prueba en el plano diplomático y gubernamental, solicitando la declaración de la embajadora Paula Iris Di Chiario, además de informes específicos a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Seguridad en torno a las actuaciones ambientales y el despliegue de fuerzas federales.

El trasfondo político y la denuncia oficial

Esta decisión judicial se produce en sintonía con la agenda internacional del Gobierno nacional, coincidiendo con las actividades diplomáticas en el exterior tras la cadena nacional que encabezó el presidente Javier Milei el pasado 3 de septiembre.

En aquel mensaje, el mandatario ratificó los reclamos históricos por la soberanía sobre las Islas Malvinas y anunció un endurecimiento de las sanciones legales y económicas para todas aquellas empresas y corporaciones que busquen extraer hidrocarburos de manera inconsulta en las aguas circundantes al archipiélago.

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