Argentina fue el primer país de América Latina en reconocer este derecho. En San Juan, la conquista avanzó en medio de resistencias sociales y religiosas.
La sanción del matrimonio igualitario convirtió a Argentina en el primer país de América Latina en reconocer este derecho.
Foto:
Hace exactamente 16 años, la madrugada del 15 de julio de 2010, Argentina daba un paso histórico en materia de derechos civiles. Después de una extensa sesión, el Senado aprobó la Ley 26.618 y permitió que las parejas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio en igualdad de condiciones.
La votación terminó con 33 votos afirmativos, 27 negativos y tres abstenciones. Con la sanción, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina y el décimo del mundo en reconocer el matrimonio igualitario en todo su territorio.
La reforma modificó el Código Civil y reemplazó las referencias a “hombre y mujer” por el término “contrayentes”. Pero su impacto fue mucho más profundo que un cambio de palabras: reconoció legalmente vínculos y familias que durante décadas habían permanecido sin protección.
La ley permitió que las parejas del mismo sexo accedieran a los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro matrimonio.
Entre los principales cambios estuvieron:
Antes de la sanción, una persona podía compartir décadas de su vida con su pareja y quedar completamente desprotegida ante una enfermedad o un fallecimiento. No siempre podía heredar la vivienda, acceder a una pensión o tomar decisiones médicas.
La Ley de Matrimonio Igualitario modificó esa realidad y transformó una demanda histórica en un derecho reconocido por el Estado.
En San Juan, la discusión estuvo atravesada por fuertes resistencias. Durante el tratamiento parlamentario hubo movilizaciones contrarias al proyecto, impulsadas principalmente por sectores religiosos y grupos conservadores.
Según reconstruyó Telesol Diario, en aquel momento la militancia local por la diversidad sexual todavía era reducida. Organizaciones y referentes como La Glorieta, Acercándonos y Dani Love, desde Rapsodia, estuvieron entre quienes acompañaron la campaña por la ampliación de derechos en la provincia.
Mariana Castro Cánovas, presidenta del Consejo Provincial de la Diversidad, recordó que manifestarse públicamente a favor del colectivo LGBTIQ+ podía generar señalamientos y rechazo social. Para la referente, la sanción marcó un antes y un después en la vida de muchas personas sanjuaninas.
Con el paso de los años, el cambio legal también comenzó a producir transformaciones culturales. Parejas que antes debían ocultarse pudieron casarse, formar familias y acceder a derechos que hasta entonces les habían sido negados.
La aprobación del matrimonio igualitario no terminó con la discriminación ni resolvió todas las desigualdades que atraviesa la población LGBTIQ+.
En San Juan, referentes del sector señalan como una de las principales deudas la aplicación efectiva del cupo laboral trans. También advierten sobre las dificultades para acceder al empleo formal, la salud, la vivienda y la educación.
A ello se suma la presencia de discursos discriminatorios en espacios públicos y redes sociales. La existencia de una ley garantiza derechos, pero no impide que algunas personas todavía tengan miedo de expresar su identidad, mostrar públicamente a su pareja o formar una familia.
A 16 años de aquella madrugada, el matrimonio igualitario continúa siendo uno de los grandes hitos democráticos de Argentina. No solo permitió que miles de parejas pudieran casarse: reconoció que el Estado no debe establecer diferencias entre las personas por quiénes son o a quiénes eligen amar.
