Tal como se había anticipado antes, durante y después que el Congreso aprobara el conjunto de leyes que compromete el superávit fiscal, eje del plan económico del Gobierno nacional, el presidente Javier Milei estampó ayer a firma en el veto para el aumento para jubilados y la emergencia en materia de discapacidad.
Los vetos saldrán publicados en el Boletín Oficial mañana lunes, último día para cumplir con los plazos legales. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir.
Aunque las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo dilató la firma del rechazo con una estrategia política: evitar el pronto regreso del debate a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo teme una derrota si se logra el número necesario para rechazar el veto presidencial.
En un contexto de fuerte enfrentamiento con los gobernadores por los fondos, la Casa Rosada se encuentra en plena ronda de negociaciones con los caciques provinciales y bloques parlamentarios aliados con el objetivo de sostener el rechazo a las leyes vetadas. El oficialismo intenta blindar sus votos mediante ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como acuerdos puntuales con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre. Y aunque los gobernadores se quejen, en julio recibieron más plata. El Gobierno nacional envió a las provincias $ 5.048.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, lo que, al descontar el proceso inflacionario del período, se traduciría en una suba real del 9,8%.
El Ejecutivo argumenta que las leyes vetadas son “fiscalmente inviables” en el marco del plan de ajuste estructural que impulsa la administración libertaria, con el objetivo de alcanzar el déficit cero. En esa línea, el presidente ya había anticipado públicamente su decisión de rechazar cualquier norma que implique un aumento del gasto público.
Ley de Movilidad Jubilatoria impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, contemplaba una fórmula que combinaba aumentos por inflación y por mejoras salariales, y establecía un piso de incremento mensual que superaba el esquema de actualizaciones por decreto utilizado actualmente por el Gobierno.
Cuando Diputados aprobó el aumento a los haberes jubilatorios con un 7,2% y el bono de $110 mil, la oposición no logró los dos tercios: le faltaron 10 votos. En esa sesión, hubo 9 ausentes de bloques opositores clave y 19 ausentes aliados al oficialismo.
En tanto, la emergencia en discapacidad declaraba la emergencia en el sector por el recorte de fondos y buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.
Todo se define en Diputados
El veto presidencial puede ser rechazado si una o ambas cámaras del Congreso lo desestiman con mayoría especial (dos tercios). Sin embargo, el oficialismo apuesta a que la oposición no consiga los números necesarios para revertir la decisión en Diputados, donde el bloque de La Libertad Avanza tiene más margen de maniobra gracias a sus aliados circunstanciales.
> El gasto que ve el FMI: 1,5% del PBI
El FMI advirtió que las leyes aprobadas por el Congreso, que el presidente Javier Milei vetó, incrementarían el gasto público en un 1,5% del PBI. Estas normas, que incluyen un aumento del 7,2% en jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, fueron calificadas como “costosas iniciativas” en un contexto de “presión electoral”, según el staff report de la primera revisión del acuerdo con Argentina.
El FMI señaló que estas leyes desafían el objetivo del Gobierno de lograr un superávit fiscal del 1,6% del PBI. El FMI destacó el compromiso de Milei de presentar una reforma previsional antes de diciembre de 2026 para optimizar el sistema.