La Procuración del Tesoro está realizando una “purga” dentro de su estructura, debido a las filtraciones de información que habrían repercutido en lo sucedido con el litigio sobre la expropiación de YPF, por lo cual un fallo en primera instancia de la Justicia estadounidense dispuso que el Estado argentino debe integrar el 51% de las acciones.
“El procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, está haciendo una purga. Creemos que hubo filtraciones sobre YPF. La Procuración maneja temas de muchos millones de dólares”, sostuvo un importante funcionario de la gestión de Javier Milei. Por lo pronto, confirmaron 60 despidos. Y según trascendió, se van a “disolver áreas administrativas”, entre otras reestructuraciones en el área.
En el Gobierno remarcan que trascendió públicamente información que no debió conocerse e incluso no descartan “venta de información” al fondo buitre Burford Capital desde dentro de la Procuración.
Por otro lado, la misma fuente destacó acerca del litigio por YPF que “el abogado de la Argentina es el abogado de Trump, así que estamos bien encaminados ante la Justicia norteamericana”, aludiendo así a Robert Joseph Giuffra Jr, titular del estudio Sullivan & Cromwell, quien cobra por honorarios casi 1.800 dólares la hora.
El gobierno de Javier Milei apeló el fallo de la jueza Loretta Preska y ayer se supo que EEUU apoyará el reclamo de Argentina ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
Castro Videla, de 43 años, asumió al frente de la Procuración del Tesoro en febrero pasado, en reemplazo de Rodolfo Barra. No obstante, no está al frente del litigio por YPF y debió apartarse porque fue socio del abogado constitucionalista Alberto Bianchi, uno de los testigos que presentó Burford Capital en el juicio contra la Argentina por la expropiación de la petrolera.
La Procuración del Tesoro es el máximo organismo de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo Nacional y de los más altos funcionarios de la Administración Pública Nacional.
> Apoyo legal de Trump por la petrolera
El gobierno de Donald Trump presentará un amicus en la Justicia para apoyar a la Argentina en la suspensión del fallo que dispuso la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF. El respaldo legal del Departamento de Justicia norteamericano será interpuesto ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York buscando suspender la cesión de las acciones ordenada por la jueza Loretta Preska mientras tramita la apelación argentina.
Actualmente rige una suspensión momentánea del fallo, por parte del tribunal superior. La intervención del gobierno de EEUU apunta a que la pausa en la medida se extienda durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, aportó que el amicus implica el apoyo explícito de una parte independiente a una persona, entidad o país dentro de un caso, indicando que “le agrega argumentos favorables para que el juez o los jueces sean persuadidos y fallen a favor de esta persona”.
El especialista aclaró que “por el momento, el respaldo del Departamento de Justicia no parece extenderse a la apelación vinculada a la orden de entrega de las acciones de YPF, ni tampoco aplica al fallo de los US$16.100 millones”.
> Crédito del BID por U$S10.000 millones
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó la “Estrategia País 2025-2028”, que prevé un paquete de apoyo financiero por U$S 10.000 millones para la Argentina, que había sido comunicado en abril. Tiene como objetivo “fortalecer un modelo de desarrollo sostenido y resiliente”. La entidad financiera desembolsará US$10.000 millones durante los próximos tres años, de los cuales US$7.000 millones son para “respaldar” iniciativas del sector público y los US$3.000 millones restantes los canalizará el BID Invest para “fortalecer” la inversión privada.