Tras los reclamos de los vecinos por las demoras en los trámites, la intendenta firmó un memorándum para ordenar el servicio.
Una fuerte controversia se desató en la ciudad de Barranqueras, provincia de Chaco, luego de que la intendenta Magda Ayala emitiera un memorándum oficial para restringir el consumo de mate, la ingesta de alimentos y las actividades comerciales de los agentes municipales durante el horario de atención al público. La medida, que prevé sanciones disciplinarias para quienes incumplan la norma, generó un intenso debate entre la gestión comunal, los contribuyentes y los sectores gremiales.
Según explicó la jefa comunal, la decisión se tomó tras reiteradas quejas presentadas por los vecinos debido a las demoras en los trámites y las largas filas de espera. "Vinieron algunos vecinos porque estaban muy enojados porque podían observar que en la atención al público había muchos mates", relató Ayala, quien detalló que los reclamos ingresaron tanto por escrito como de manera presencial.
Ante las repercusiones generadas sobre el fin de una de las costumbres más arraigadas en la jornada laboral, la intendenta aclaró que la restricción no implica un veto absoluto durante todo el turno de trabajo (de 7 a 13 horas), sino que apunta de manera puntual a las mesas de atención directa al ciudadano.
"Cuando estamos atendiendo al público, ese matecito que está arriba pueda estar resguardado, guardadito, para cuando no haya ningún vecino ni contribuyente. Me parece muy importante el respeto y la solidaridad", remarcó Ayala. La funcionaria sostuvo que la disposición busca ordenar el funcionamiento de las oficinas y mejorar la calidad del servicio, permitiendo el consumo en momentos de pausa o en áreas internas de la administración sin contacto con el público.
Antes de la firma del instrumento legal, las autoridades locales mantuvieron reuniones con los responsables de las distintas dependencias para advertir sobre estas conductas. Al no registrarse cambios significativos en la dinámica diaria, el Ejecutivo comunal optó por formalizar la norma que contempla llamados de atención y sanciones para los infractores.
La medida generó posturas encontradas dentro del personal comunal, entre quienes comprenden la necesidad de optimizar los estándares de atención al contribuyente y quienes cuestionan la rigurosidad del control impuesto sobre la rutina de trabajo.
