La decisión del Gobierno de San Juan de adelantar el pedido de declaración de emergencia agropecuaria constituye una señal positiva frente a una realidad que exige respuestas rápidas. Las heladas y otros fenómenos climáticos ya provocaron perjuicios comprobados en distintas zonas productivas y esperar hasta el final del ciclo agrícola para reconocer formalmente una situación que los productores padecen desde hace semanas significaría agregar burocracia a una crisis que no admite demoras.
La dimensión del problema comienza a quedar reflejada en los números. Más de 1.390 denuncias de productores ya fueron registradas ante los organismos provinciales, una cifra que revela la magnitud de los daños y, al mismo tiempo, justifica el cambio de procedimiento impulsado por el gobernador Marcelo Orrego. La administración pretende iniciar el mecanismo de asistencia cuando todavía no terminó la temporada, sin esperar el tradicional cierre de la campaña para completar una evaluación global.
El criterio resulta razonable. Si los daños ya fueron constatados y existen elementos suficientes para acreditar las pérdidas, no parece necesario esperar nuevos meses para que los productores puedan acceder a herramientas destinadas a aliviar su situación. La emergencia debe ser un instrumento de respuesta y no una instancia meramente burocrática que llegue cuando las consecuencias económicas ya se hayan profundizado.
Además, la posibilidad de incorporar posteriormente nuevos perjuicios constituye una previsión adecuada. La temporada agrícola no está cerrada y pueden producirse nuevas heladas, granizo, vientos u otros fenómenos capaces de ampliar el impacto sobre las explotaciones. Por ello, la declaración inicial no debería convertirse en un límite, sino en el punto de partida de un mecanismo flexible que pueda adaptarse a la evolución de la situación.
La emergencia contempla beneficios impositivos provinciales y, si obtiene la homologación nacional, podría abrir la puerta a facilidades sobre obligaciones tributarias, prórrogas ante ARCA y determinadas líneas de financiamiento. Son herramientas importantes, pero no suficientes.
Porque el problema del campo sanjuanino no se reduce al clima. A los daños productivos se suman costos elevados y, en algunos casos, precios comerciales que no permiten recuperar adecuadamente las inversiones realizadas. Una explotación que pierde parte de su producción y además enfrenta una rentabilidad debilitada necesita algo más que un alivio temporal.
Por eso, acelerar la emergencia es un paso necesario, pero no el punto final. La verdadera eficacia de la medida dependerá de que los beneficios lleguen rápidamente, sean accesibles y alcancen efectivamente a quienes más los necesitan. Frente a una contingencia que ya está golpeando al sector, el Estado tiene la oportunidad de demostrar que administrar también significa anticiparse a los problemas y responder antes de que el daño se transforme en abandono.