Por Guadalupe Segovia
Por Guadalupe Segovia
Instituto de Análisis Económico del Derecho - Facultad de Derecho - Universidad Católica de Cuyo
Hay una pregunta que como provincia nos debimos hacer antes: ¿cuánto desarrollo perdió San Juan por no mirar hacia la cordillera? Es una pregunta que surge cuando uno empieza a estudiar cómo funciona el mundo, cómo se mueven los capitales, y qué papel juega nuestra provincia en ese tablero global.
Durante décadas, San Juan construyó su identidad económica alrededor de la vitivinicultura y el olivo. Eso no estuvo mal porque el agro nos dio cultura, historia e identidad. Pero mientras tanto, bajo nuestros pies dormían reservas de oro, plata y cobre que hoy mueven miles de millones de dólares. Basándome en el informe de la Secretaría de Minería nacional, puedo decir que, en 2024, las exportaciones mineras de San Juan totalizaron 1.467 millones de dólares, un 66,6% más que el año anterior. En 2025, superaron los 2.046 millones. La minería ya representa más del 80% de todo lo que exporta la provincia.
La pregunta incómoda es: ¿por qué no antes? Al ser una provincia pequeña del interior del país hubo muchos motivos como resistencia social y ambiental legítima, hubo falta de infraestructura, hubo gobiernos que no se animaron a apostar, y también hubo una narrativa cultural que durante mucho tiempo asoció la minería a contaminación y destrucción, sin distinguir entre prácticas responsables e irresponsables. Mientras tanto, otras provincias y otros países iban construyendo los vínculos, los acuerdos y las capacidades técnicas para atraer a las grandes empresas transnacionales que necesitan exactamente lo que San Juan tiene.
Desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales, lo que sucede hoy en nuestras cordilleras es un caso de manual sobre interdependencia global. Las empresas que operan en San Juan como la canadiense Barrick Gold, la china Shandong Gold, la australiana BHP, la empresa Lundin Mining, no eligieron esta provincia por casualidad. Responden a una estrategia de las grandes potencias por asegurar el acceso a recursos estratégicos en un mundo que necesita cobre para electrificarse, oro como reserva de valor, y litio para alimentar la transición energética. San Juan está en el mapa porque tiene lo que el siglo XXI necesita. Esa es una posición de poder que, históricamente, no supimos aprovechar.
Pero hay algo que me llama especialmente la atención cuando miro el panorama actual: el proyecto Vicuña que fue la mayor inversión minera de la historia argentina no trajo trabajadores de afuera. La enorme mayoría de su nómina es argentina, y la mayor parte de sus empleados directos son sanjuaninos. Eso desmiente uno de los argumentos más repetidos contra la minería: que el trabajo se lo llevan otros. Pero también plantea una pregunta incómoda: ¿tenemos suficiente gente capacitada para sostener lo que se viene?
Ahí aparece otra deuda histórica, quizás menos visible que la económica: la formación técnica. Los mismos trabajadores rurales que hoy conducen maquinaria agrícola, gestionan sistemas de riego o trabajan en cosechas tienen habilidades concretas que, con la orientación adecuada, podrían volcar su capacidad al sector minero. No se trata de abandonar el campo, sino de entender que una provincia que crece, necesita ampliar las posibilidades de su gente.
El desafío para nuestra generación es lograr un equilibrio que las anteriores no consiguieron. Por un lado, herramientas como el RIGI que ofrecen previsibilidad y estabilidad por 30 años, y ya atrajeron a San Juan cuatro proyectos aprobados que suman más de 13.000 millones de dólares en compromisos. Eso es desarrollo, son empleos, son divisas. Por otro lado, esa misma ley ha generado críticas desde organizaciones ambientales que señalan que las sanciones ante daños ambientales son escasas, y que los conflictos se resolverían mediante arbitraje internacional, debilitando la capacidad de control local. Ambas preocupaciones son válidas y no se excluyen.
San Juan tiene hoy una oportunidad que no tuvo antes, o que no supo ver cuando la tuvo. La minería ya no es una promesa: es una realidad que mueve nuestra economía provincial. La pregunta no es si queremos minería o no. La pregunta es qué tipo de minería queremos, quiénes se benefician, y cómo garantizamos que el desarrollo llegue a las comunidades de Iglesia, Jáchal y Calingasta, y no solo a los balances de empresas con sede en Toronto o Pekín.
