Según advirtió la presidenta de la Nación, el Estado podría intervenir si los sectores involucrados no llegan a un acuerdo con las Aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), para la sanción una nueva ley que regule esa actividad.
Según advirtió la presidenta de la Nación, el Estado podría intervenir si los sectores involucrados no llegan a un acuerdo con las Aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), para la sanción una nueva ley que regule esa actividad.
Cristina Fernández de Kirchner fue clara: "Si no hay posibilidades de acordar con las empresas que se dedican a asegurar, vamos también a tomar intervención desde el Estado para que, en acuerdo entre trabajadores y empresarios, podamos hacer mutuas asociaciones que permitan contemplar los intereses de los empresarios y los intereses de los trabajadores", dijo en el acto del Día de la Industria.
Ahora se sabe que tal intervención sería a través de un decreto, que firmaría esta semana, tratando de llenar el vacío legal existente desde hace cinco años, luego que la Corte Suprema declarara inconstitucional a los principales artículos de la ley 24.557, de ART sancionada en la década del ’90, y que impulsó la llamada "industria del juicio". Las ART es más un negocio judicial que beneficio para los trabajadores. Es decir, un tope indemnizatorio que da lugar a un negocio donde únicamente ganan los que aseguran y los abogados y terminan perdiendo empresarios y trabajadores.
Si bien es necesario terminar con los desacuerdos entre las partes y es oportuno que el Gobierno nacional intervenga, lo importante es que lo haga para controlar y frenar los excesos y no para que sustituir a las ART.
Si el actual engendro legal posibilita que las empresas sean demandadas por daño civil y por daños y perjuicios, y las ART sólo contribuyan a pagar indemnizaciones hasta 180.000 pesos o la proporción de la discapacidad de la persona, el avance estatal genera más preocupaciones.
El problema es que este complejo tema se vaya a transformar en otro monopolio estatal, porque ya se sabe de la incompetencia del Estado para resolver cuestiones que, además, son incompatibles con sus responsabilidades inalienables, como salud, educación y seguridad.
Es de esperar, como ha dicho la presidenta, que se llegue a una nueva norma con un "criterio indemnizatorio que respete el derecho de los trabajadores y la subsistencia de las empresas", pero también sin eximir de responsabilidades a las aseguradoras y menos depender de un nuevo ente burocrático y politizado de la gestión de turno.