Los índices de criminalidad, se duplicaron desde 1990. A mediados de esa década, la tasa de víctimas de delitos o de percepción de casos criminales se ubicaba en el 16% de la población, mientras que las últimas mediciones del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas de la Universidad Di Tella (Licip) revelan que la criminalidad promedio afecta a casi el 30% la sociedad argentina.
Las cifras del delito surgen de relevamientos de ONG, ya que desde 2004 el Gobierno nacional restringió su difusión y, a pocos días del comienzo de 2010, todavía no difunde las cifras de 2008. Los criminólogos atribuyen el progresivo aumento del delito a un conjunto de causas de larga data: el 34% del nivel de pobreza actual, el desempleo real cercano al 10% y la profundización de la desigualdad con su impacto en la marginalidad de sectores altamente vulnerables.
La degradación del rol socializador de la familia y del Estado como proveedor de educación y modelador de valores socioculturales altruistas, son también parte del problema, al igual que el avance de la droga -del paco concretamente-, y la contradicción de mucha gente que se abastece de la oferta de productos robados.
Las políticas de seguridad, cuando las hay, parecieran estar condicionadas por sesgos ideológicos que, con el paso de las administraciones, pocas veces logran la continuidad necesaria para ser eficaces. Hoy no existen iniciativas y estrategias amplias y diversificadas de prevención social, de la violencia y del delito, que apunten a abordar, resolver o reducir, en la coyuntura y en el mediano y largo plazo las situaciones de riesgo. Tenemos libertad para ir a todos los lugares, para transitar a pie o en automóvil, pero bajo la absoluta responsabilidad de uno mismo. Incluso dentro de la propia vivienda pueden irrumpir delincuentes dispuestos a robar y matar. Los niveles de seguridad son tan bajos que prácticamente coinciden con los habituales de un Estado fallido, sin ley ni orden. Si algo tiene que proveer, obligada y prioritariamente la autoridad de cualquier sociedad organizada, es una garantía mínima de seguridad para todos sus habitantes.
Aunque no se quiera reconocerlo, la inseguridad se ha convertido en un verdadero flagelo social que impide a los ciudadanos el goce pleno de sus derechos fundamentales.