El narcotráfico no es solo un problema de seguridad, sino de institucionalidad y salud democrática. Y mientras los gobiernos enfoquen su lucha únicamente en el primer aspecto, seguirán fracasando. A mayores esfuerzos, menos logros, parece ser la constante.
Aunque la reciente extradición de otros seis narcos colombianos a los EEUU puede dar la impresión de ser una medida efectiva, ante todo evidencia una cultura latinoamericana con baja rigurosidad judicial y alta impunidad, causa y consecuencia de la fragilidad de las democracias. El problema no es de producción o consumo de drogas, de oferta o demanda, sino de corrupción que genera el crimen organizado, infiltrando a las instituciones democráticas, especialmente a congresos y campañas electorales. La soluciones no pueden ser tan simplistas, como la de despenalizar las drogas para arruinarles el negocio a los narcos, como sostienen los ex presidentes César Gaviria, Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo.

Cuando Pablo Escobar despuntó como capo y diputado a la misma vez en Colombia, quedó demostrado que el narcotráfico necesita del poder político para consolidar su éxito económico y mantener su impunidad. Desde entonces, fue evidente que pocos gobiernos y campañas políticas quedaron libres del doping que genera el dinero fácil.

El tema recobró actualidad en República Dominicana. La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción denunció que unos 60 nominados a diputados estarían manchados por el narcotráfico. En México, en las elecciones legislativas de julio pasado, 16 candidatos a diputados vinculados con el narcotráfico disputaron un puesto en el Congreso, donde pueden ahora bregar por leyes más benignas y gozar de tres años de inmunidad parlamentaria.

En México no solo asumieron legisladores, sino varios alcaldes y otros funcionarios electos en estados más afectados por las drogas, donde el apoyo, votos y protección de los narcos se pagan con puestos claves en las instituciones y en las filas policiales. México no solo asombra por las 14.000 víctimas directas del narcotráfico, sino por curiosidades espeluznantes. En Michoacán el narcotraficante más temido, Servando "La Tuta" Gómez, líder del sanguinario cartel "La Familia", ofreció por la radio un pacto de no agresión al presidente Felipe Calderón.

Lo mayor sorpresa es que las instituciones estén reaccionando con una tardanza de décadas para combatir la infiltración del narcotráfico y para hacer autocrítica, una ingenuidad inexcusable después de haber dictado tantas normas para combatir la producción, el tránsito y consumo de drogas. Recién ahora, la Junta Central Electoral en Santo Domingo propuso a los partidos que exijan certificados de antecedentes penales a sus candidatos, algo tan elemental que tampoco se exige en Perú, donde los partidos y el Congreso acordaron crear comisiones para investigar los nexos del narcotráfico con el poder político, luego de la captura, con 140 kilos de cocaína, de un ex asesor de Nancy Obregón, diputada y ex dirigente cocalera.

Colombia, siendo un país donde se investigó a presidentes y legisladores por sus nexos con los carteles, recién se empezó a discutir un nuevo estatuto electoral para transparentar las finanzas de los partidos políticos y sancionar a quienes estén infiltrados por dineros ilícitos.

El narcotráfico ha prosperado por la debilidad de las instituciones, por lo que más que combatir la violencia, primero debieran crearse sistemas antidoping o anticorrupción para evitar la implosión de las democracias.

________________________________________________________________________________"LAS HERRAMIENTAS están. Solo basta que los gobiernos cumplan y revisen la Convención Interamericana contra la Corrupción, que con tanta fanfarria adoptaron en 2002."