La reciente declaración escrita de los presidentes de Argentina, México, Colombia y Bolivia denunciando una supuesta "persecución judicial" contra la vicepresidenta y ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner plantea serias dudas sobre el compromiso de estos presidentes con la democracia. 

Al leer esta declaración, uno tiene que preguntarse si estos cuatro presidentes elegidos democráticamente no están creando una sociedad de protección mutua para defenderse a sí mismos y a sus aliados políticos de investigaciones judiciales en su contra. La declaración de los presidentes se dio a conocer el 24 de agosto, luego de que un fiscal argentino solicitara una sentencia de 12 años de prisión y la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos para Fernández de Kirchner por cargos de corrupción masiva.

La declaración de los presidentes afirma que Cristina Fernández de Kirchner es víctima de una "injustificable persecución judicial" con el propósito de impedirle ejercer cargos públicos, y "sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal". "Manifestamos nuestro más firme respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos", añade la declaración conjunta. Todo esto es un disparate.

"Argentina, a diferencia de Venezuela, Cuba o Nicaragua, tiene un sistema judicial imperfecto pero relativamente independiente".

En primer lugar, la sugerencia de que los fiscales argentinos están actuando a instancias de la oposición es absurda, entre otras cosas porque el fiscal principal del caso, Diego Luciani, fue designado por la propia Cristina Fernández de Kirchner durante su mandato como presidente. En segundo lugar, la acusación de que la vicepresidenta argentina es víctima de una "persecución judicial" es prematura, porque Fernández de Kirchner solo ha sido acusada por un fiscal. Los cargos en su contra aún no han sido validados por un juez y, si la declaran culpable, aún podría llevar su caso a un tribunal de apelaciones y, en última instancia, a la Corte Suprema. Argentina, a diferencia de Venezuela, Cuba o Nicaragua, tiene un sistema judicial imperfecto pero relativamente independiente. 

En tercer lugar, la declaración conjunta contradice la afirmación de la mayoría de estos presidentes de que su política exterior se basa en la no intervención en los asuntos internos de otros países. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, se ha negado reiteradamente a denunciar las violaciones de los derechos humanos de las dictaduras izquierdistas de América latina, invocando su principio de no intervención. Y, sin embargo, parece no tener problemas en intervenir a favor de su aliada política en el enfrentamiento interno de Argentina. "Es increíble que algunos de estos presidentes se hayan pasado la vida hablando de la no intervención en los asuntos internos de otros países, y ahora están haciendo exactamente eso", me dijo Santiago Canton, director del programa de estado de derecho del centro de estudios Dialogo Inter-Americano en Washington. 

La mayoría de los firmantes de esta declaración no han dicho una palabra cuando los jueces de la dictadura nicaragüense ordenaron el arresto y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de los siete principales aspirantes presidenciales de ese país el año pasado. Y la mayoría de los firmantes permaneció en silencio cuando el poder judicial del régimen venezolano prohibió que Juan Guaidó, Leopoldo López y decenas de otros líderes opositores se postulen para cargos públicos.

Por Andrés Oppenheimer
Columnista del Miami Herald