La derogación es un viejo reclamo de las asociaciones periodísticas y permitirá cumplir con un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el año pasado advirtió a la Argentina que estos delitos, tal como están en el Código Penal, atentan contra la libertad de expresión, ya que se castiga con penas de prisión a un periodista por lo publicado.

El Gobierno toma esta medida cuando se lo cuestiona más que nunca por su política en relación con la prensa. El gesto presidencial parece más de interés demagógico que búsqueda de auténtica libertad de la palabra. El anuncio parecía pretender lograr ayuda para que se consiguieran los votos en apoyo de la ley de medios que impulsa. Algunos grupos de centroizquierda exigían terminar con estos "delitos contra el honor" para apoyar el proyecto sobre comunicación audiovisual. La decisión de impulsar este proyecto despenalizador de las calumnias e injurias fue la repercusión internacional del procedimiento de la Afip en el grupo Clarín. Los medios de todo el mundo y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificaron al hecho como "hostigamiento" y de "insólita" la medida del organismo fiscal. Para el Gobierno era necesario mostrar un gesto de distensión, al punto tal de afirmar que "ahora la libertad de expresión es más absoluta que nunca".

También hubo otro factor menos conocido, pero que hacía conveniente el anuncio: Argentina estaba en deuda con este tema, puesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos -sus fallos son obligatorios-, en el caso Kimel, en 2008, condenó al país a modificar la legislación penal de calumnias e injurias. El periodista argentino Eduardo Kimel, en su libro "La masacre de San Patricio", editado en 1995, critica la investigación judicial del caso. El juez que instruyó aquella antigua pesquisa logró que la Justicia condenara a Kimel por calumnias e injurias, pero la Corte Interamericana revocó la condena y obligó a nuestro país a revisar esa legislación penal.

Entre los motivos que llevaron a que en 2007 la Presidenta se allanara al reclamo de Kimel, tuvo un peso categórico la necesidad de disimular las críticas que se levantan contra el Gobierno, tanto en el país como en el exterior, y la necesidad de cerrar un frente con un tribunal internacional.

Lo cierto es que el matrimonio Kirchner no ve en los medios de comunicación un instrumento necesario para toda democracia, sino un enemigo al que hay que acorralar para coartar la libertad de expresión y el anuncio de la verdad.