Luego de que la Corte Suprema despenalizara la tenencia de estupefacientes para consumo personal, el Gobierno nacional prevé lanzar un plan que define la política de drogas.
Sus prioridades son la lucha contra el consumo de alcohol, la persecución de las redes de comercialización del paco y la reformulación de la legislación y de los controles sobre los precursores químicos con los que se elabora buena parte de los narcóticos. Contiene 35 objetivos e incluye cinco anteproyectos de ley que el Ejecutivo enviaría en breve al Congreso. Entre ellos está un plan integral de atención, prevención, asistencia e inclusión en el campo de las adicciones, la reforma de la Ley de estupefacientes, declarada en parte inconstitucional por la Corte, y una iniciativa sobre recuperación de activos incautados al narcotráfico.
Desde marzo de 2008, un comité de expertos trabaja sobre el tema, y ahora pide que las provincias adecuen su legislación a la normativa nacional en materia de lucha contra el alcoholismo y que se agraven las sanciones. Este comité científico asesor, convocado por el Gobierno para la construcción de una política integral en la materia, ha señalado que lo urgente es -antes que reformar la actual ley de drogas-, sentar las bases de una estrategia nacional realista para la atención de los drogadependientes.
En concreto, lo que se indica es que hay que entender lo que hoy es un problema penal como uno de salud pública. Dentro de esa regla general, el comité ha expresado la necesidad de abordar en el brevísimo plazo los consumos más problemáticos. Uno de ellos, el de una sustancia ilegal y altamente adictiva y nociva: el paco; el otro, el de una sustancia regulada, pero de alta incidencia en episodios de violencia, especialmente doméstica, familiar y de vecindad: el alcohol. Lo que el comité advierte, no es nuevo. Desde hace tiempo insiste que el más grave problema en cuanto a las adicciones no es el de las drogas ilegales, sino el del alcohol, el tabaco y los medicamentos de venta libre. Además, juzga posible construir un plan de atención integral de prevención aunando las capacidades y los recursos de la Nación y las provincias, de las obras sociales, las prepagas y las ONG que hoy sostienen comunidades terapéuticas.
Habrá que llegar a consensos que unifiquen los criterios terapéuticos, pero también es indispensable que el Estado priorice la inversión en materia social. Mientras gastará 600 millones de pesos para la televisación del fútbol, quienes son adictos al paco, hoy no encuentran lugares públicos de recuperación.