La publicación del Índice de Pobreza por el Indec en el pasado mes de marzo, despertó rápidamente el interés por las estadísticas, olvidadas antes con la intensidad que solemos olvidar la lectura de nuestros análisis de laboratorio o la visita al médico. Sospechamos enfrentar una realidad antipática que nos sugerirá tratamientos y remedios que preferimos omitir hasta que el cuerpo nos dé señales inequívocas de dolor insoportable o amenaza de colapsos. Eso estuvo ocurriendo en la provincia durante muchos años y esta vez posiblemente sea cierto que los malos datos sean culpa de los médicos. Analistas, técnicos y especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas, desalentados por el olvido y no sabiendo bien para qué estaban, es probable que hayan relajado su misión al punto de admitir severos errores de práctica para extraer conclusiones que, en definitiva, nadie iba a leer. Hasta ahora. No hay mal que por bien no venga, se dice cuando la explosión de un problema trae el beneficio de la búsqueda de solución y eso es lo que parece estar ocurriendo en el entorno del Ministerio de Hacienda, bajo cuya dependencia trabaja ahora el Instituto, cambiado de jurisdicción para dar señales de aire a los empleados y producir los cambios imprescindibles.

Como resultado de esos cambios, se están reconstruyendo equipos de trabajo y realizando ajustes metodológicos que en el futuro puedan garantizar el regreso a la búsqueda de la verdad social con absoluta transparencia e independencia de necesidades mezquinas. Pero eso no será inmediato. Recién en marzo del año que viene se podrá tener valores certeros y todo lo que se conozca antes de eso deberá ser tomado con cautela y desconfianza.

En el caso de la alarmante cifra que dio la pobreza, el 43,5, muy por encima de los 30 puntos que dio en promedio la Nación el último trimestre del año pasado, faltó el 40% de las respuestas de los dos departamentos de mayor poder adquisitivo, como son Capital y Rivadavia. Era lógico que el promedio se inclinara hacia los resultados de barrios de menores ingresos desviando dramáticamente el promedio.

Así las cosas, no hay coincidencia con un supuesto índice de pobreza del 43,5%, además de la impresión de la vivencia cotidiana que nos muestra alejados de la violencia que se ve en otras partes y del fenómeno de la mendicidad.

Pero, volviendo al principio, nada deberá ser tenido por certero antes de que se hayan tomado y procesado datos con un profesionalismo e independencia que estuvieron ausentes. En este aspecto, el Gobierno provincial no debería exagerar en optimismo respecto de los próximos números que inevitablemente recogerán la inercia de la mala praxis del primer trimestre de 2017 y también inexactitudes causadas por el posible apuro de corregir en el segundo. Deberá admitir que las cifras que el Indec publique en septiembre trasmitirán gran parte de estos errores porque los datos ya fueron enviados. Claro, el problema es que esto se conocerá exactamente un mes antes de las elecciones y el caso puede ser arma filosa de la oposición. Otro problema respecto de la transparencia de los números es la costumbre lamentablemente internalizada del uso político de las estadísticas, práctica que llevó en su momento al ministro de Economía Kicillof a evitar mencionar la pobreza diciendo "eso es estigmatizar a los pobres". Sobran sospechas de que en otras provincias se "tocan" las cifras para hacerlas admisibles a la opinión pública y a los votantes. Ser transparentes en soledad puede significar un riesgo de ingenuidad y una señal para ahuyentar inversiones de gente que, antes que cualquier otra cosa, mira las estadísticas. Vaya como ejemplo la severa duda que nos afecta conocer los números de desempleo correspondientes al primer trimestre de este año, donde aparecen aglomerados urbanos con cifras como 1,1% (Viedma), 3,3% (Río Gallegos con una Santa Cruz incendiada), 1,4 (Resistencia, Chaco), 2,9 (Formosa) y otros similares que darían idea de un florecimiento económico del que no gozan los Estados Unidos ni buena parte de los países más desarrollados. Esos datos implicarían un pleno empleo consolidado al punto que gente de otras comarcas debería estar viajando para cubrir lugares vacantes. Siendo más groseros: no hay lugar en el mundo que registre hoy esas cifras. Algo más que hay que desterrar es el miedo que alguna gente tiene de dar a conocer su condición, sobre todo la más pudiente. Sin que la suposición implique valor científico, es posible que ese temor se vincule con la inseguridad y que pocos quieran reconocer abiertamente que les fue bien en la vida. En las encuestas regulares, las consultoras privadas no preguntan nivel de ingreso sino que lo deducen de lo que ven en los barrios, tipo de viviendas, autos y demás. Tener estadísticas confiables, parece mentira tener que decirlo, es una base mínima e imprescindible para tomar decisiones correctas de políticas públicas. Lo contrario, es caer o en la demagogia o en la insensibilidad.