El gobierno de Uruguay selló ayer un acuerdo con las empresas Stora Enso, de Finlandia, y Arauco, de Chile, para construir en el departamento de Colonia una planta papelera por 1.900 millones de dólares, la mayor inversión privada en la historia del país. Días pasados, el canciller Héctor Timerman había ratificado que Argentina no cuestionará la construcción de la nueva fábrica en un río fronterizo, al asegurar que "de ninguna manera" el gobierno de Cristina Fernández va a "impedir el desarrollo" en Uruguay de esa papelera.

Timerman había indicado entonces que el emprendimiento que se llevará a cabo en el departamento de Colonia "cumple estrictamente con el Tratado del Río de la Plata" y que Uruguay, "en su momento", informará a la Argentina sobre el avance de la iniciativa.

La nueva papelera estará operativa en el primer trimestre de 2013, producirá 1,3 millones de toneladas de celulosa anuales. La construcción de la fábrica requerirá un promedio de 3.200 empleados, 6.000 cuando haya picos de trabajo. Una vez en marcha, generará 500 empleos directos y 5.000 complementarios. La fibra de eucalipto que usará para elaborar sus productos provendrá en su mayoría de las plantaciones forestales de Montes del Plata en nueve de los 19 departamentos del país.

Por su parte, en declaraciones a DyN, el ambientalista José Pouler desestimó futuras acciones para rechazar la construcción de esta nueva planta, aunque advirtió que "afecta a más de la mitad de la población de Argentina". "Nosotros no vamos a realizar ninguna acción, los ambientalistas uruguayos ya se están expresando porque se están cayendo las caretas", enfatizó Pouler, que acusó al presidente de Uruguay, José Mujica, de "habilitar una papelera" y advirtió sobre la "complacencia" del gobierno nacional que "avala" las plantas de celulosa.

Las declaraciones a esta agencia del ambientalista Pouler coincidieron con la postura de la Asamblea de Gualeguaychú, que se opone desde hace años al funcionamiento de la fábrica de Fray Bentos por considerarla "contaminante". La Asamblea también advirtió días atrás que la nueva pastera pondrá en riesgo la salud de "la mitad de la población de Argentina" y acusó al canciller Timerman de "no saber leer", ya que la nueva planta violaría el "articulado" del Tratado del Río de la Plata.