El conflicto por el manejo de la infraestructura eléctrica en San Juan sumó ayer un capítulo determinante que promete reordenar el tablero minero local. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) confirmó que, tras una serie de gestiones ante el organismo nacional del sector, se logró el compromiso para convocar a una audiencia pública. En este ámbito se analizará el polémico pedido de acceso y ampliación del sistema solicitado por el proyecto Vicuña, una pretensión que despertó una inmediata resistencia en el ámbito político y empresarial de la provincia.
La controversia se originó a partir de la Resolución 79/2026, publicada el pasado 20 de febrero en el Boletín Oficial. Aquella normativa nacional le otorgaba a la empresa Vicuña Argentina una prioridad de uso casi absoluta sobre el corredor Nueva San Juan–Rodeo en 500 kV, reservándole el 90% de la capacidad remanente por un plazo de 25 años. Esta medida fue leída en San Juan como un "cerrojo" para otros desarrollos, ya que cualquier otro proyecto que pretendiera conectarse a futuro quedaría supeditado a la disponibilidad o autorización que dictaminara la firma beneficiaria.
Ante este escenario, el EPRE sanjuanino no solo confirmó la predisposición del ENRE para habilitar la discusión pública, sino que ya comenzó a aceitar los mecanismos locales para plantar bandera en la defensa de los intereses provinciales: organizará instancias de trabajo previas para garantizar que la participación sanjuanina sea técnica y políticamente sólida. Para ello, se convocará al Consejo Asesor de Acompañamiento, un espacio donde confluyen diversas instituciones locales que buscarán unificar una postura antes de la cita nacional.
El malestar en el sector minero es palpable y ya se tradujo en acciones concretas. El proyecto Los Azules fue uno de los primeros en formalizar una queja ante el EPRE, entendiendo que la prioridad otorgada a Vicuña representa un obstáculo directo para su propia planificación energética. A este reclamo se sumaron las voces de alerta de los intendentes de Calingasta, Iglesia y Jáchal, quienes ven con preocupación cómo una decisión tomada en Buenos Aires podría condicionar el crecimiento productivo de sus departamentos por el próximo cuarto de siglo.
Desde el ente regulador provincial subrayaron que la futura audiencia pública será la herramienta clave para asegurar que la integración de grandes proyectos mineros se realice bajo una planificación técnica rigurosa. La premisa de las autoridades locales es clara: el desarrollo de la gran minería no puede comprometer el servicio eléctrico actual ni el crecimiento proyectado de San Juan, protegiendo fundamentalmente una infraestructura que fue financiada, en gran parte, por el esfuerzo de los propios usuarios sanjuaninos.
