Un informe de LCG reveló que el gasto de capital cayó con fuerza desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En qué posición quedó la provincia sanjuanina.
La obra pública se convirtió en una de las principales variables de ajuste del Gobierno de Javier Milei. El recorte del financiamiento nacional modificó la distribución de recursos entre las provincias y aceleró un nuevo esquema basado en el traspaso de rutas, concesiones y participación del sector privado.
Según un informe de la consultora LCG, el gasto de capital pasó de representar el 7,5% del gasto primario entre 2021 y 2023 al 2,5% durante los últimos dos años. En relación con el PBI, la inversión se redujo al 0,4%.
La tendencia continuó durante 2026. Entre enero y julio, el gasto de capital acumuló una caída real del 10%. De los 1.241 proyectos activos, apenas el 35% registró pagos durante los primeros siete meses del año. El monto devengado fue de $0,7 billones, equivalente al 26% del crédito vigente.
Uno de los datos que más impacta a San Juan es la distribución de las transferencias de capital realizadas por Nación.
Entre enero y julio, el Gobierno giró $0,5 billones a las provincias para financiar obras, un 52% menos en términos reales que durante el mismo período de 2025.
Pero el reparto fue muy desigual. Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis concentraron el 70% de los recursos transferidos, mientras que San Juan quedó entre las provincias que no recibieron fondos por esta vía durante los primeros siete meses del año.
También quedaron afuera Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Córdoba y Misiones.
La diferencia fue todavía mayor al analizar los montos por habitante: según LCG, Catamarca recibió recursos que superaron en más de 23 veces el promedio provincial.
La inversión en obras ejecutadas directamente por Nación también registró un fuerte retroceso. De acuerdo con el informe, desde enero acumula una caída real del 38%.
Dentro de ese gasto, Transporte concentró el 43% de la ejecución total, aunque representó dos puntos porcentuales menos que durante el mismo período del año pasado.
El programa que recibió la mayor inversión fue Mantenimiento y Atención de Emergencias en Rutas Varias, que devengó $24.100 millones y alcanzó una ejecución del 42%. Aun así, registró una caída real interanual del 28%.
Buenos Aires encabezó las asignaciones para Transporte, con $29.693 millones, equivalentes al 19% del total destinado al área. Le siguieron Misiones, Santiago del Estero y Entre Ríos.
Ante el fuerte recorte de los recursos nacionales, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo diferente para sostener la infraestructura. La estrategia contempla ceder a las provincias determinadas funciones sobre rutas nacionales y facilitar concesiones privadas mediante el cobro de peajes.
Hasta el momento, Nación firmó acuerdos de traspaso de rutas con Santa Fe, San Juan, San Luis y Río Negro, mientras que Córdoba, Neuquén y Corrientes mantienen negociaciones. Tucumán, en tanto, rechazó el esquema.
El primer convenio fue firmado con Santa Fe el 22 de julio y contempla la gestión de la ruta nacional A012, que conecta el Gran Rosario con distintos puertos, durante 20 años.
El mecanismo fue habilitado en abril mediante el Decreto 253, que autorizó a varias provincias a otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales ubicados dentro de sus territorios.
La delegación no implica que las provincias pasen a ser titulares de las rutas. El Estado nacional mantiene el dominio público y la jurisdicción federal, mientras que las jurisdicciones podrán asumir tareas de administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento mediante convenios con la Dirección Nacional de Vialidad.
A la par, Nación impulsa la Red Federal de Concesiones, con la intención de transferir al sector privado la operación, el mantenimiento y las inversiones en más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.
De esta manera, el Gobierno busca reemplazar progresivamente el modelo tradicional de obra pública financiada directamente por Nación por un esquema basado en concesiones, inversión privada y una mayor participación de las provincias.
