La apertura de ofertas se trasladó al 21 de diciembre, luego de que empresas solicitaran más tiempo para evaluar las inversiones. También se modificaron exigencias financieras, técnicas y condiciones para acceder al RIGI.
El Gobierno postergó hasta el 21 de diciembre la apertura de ofertas para la privatización del Belgrano Cargas.
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El Gobierno nacional postergó la licitación para privatizar el Belgrano Cargas y flexibilizó algunos de los requisitos para las empresas interesadas en quedarse con la operación ferroviaria. La apertura de ofertas, prevista inicialmente para el 11 de noviembre, se realizará el 21 de diciembre, luego de que distintas compañías solicitaran más tiempo para inspeccionar la infraestructura y analizar las inversiones necesarias.
La decisión quedó oficializada este miércoles mediante la Resolución 1914/2026, publicada en el Boletín Oficial. La normativa estableció un nuevo cronograma y modificó condiciones financieras, técnicas y operativas para ampliar las posibilidades de participación en el proceso.
La postergación se produjo dos semanas después de que Grupo México, el único competidor extranjero que había manifestado interés, anunciara su retiro de la licitación. Según los fundamentos de la resolución, las empresas que continúan evaluando el negocio plantearon la necesidad de contar con más tiempo para realizar inspecciones in situ y estudiar las características de los corredores ferroviarios.
Con el nuevo calendario, las consultas a los pliegos podrán presentarse hasta el 3 de diciembre a las 10, mientras que la recepción de ofertas finalizará el 21 de diciembre a las 9:59. La primera etapa de apertura se realizará ese mismo día a las 10.
El proceso comprende la concesión de obra pública de la infraestructura ferroviaria de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, además de los inmuebles vinculados y el uso de talleres. También contempla una opción de compra de material rodante.
En conjunto, los tres corredores suman 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias, con conexiones hacia los principales puertos argentinos y países limítrofes.
El esquema diseñado por el Ejecutivo establece concesiones por 50 años, bajo un modelo de acceso abierto a la infraestructura ferroviaria.
Uno de los principales cambios incorporados por el Gobierno está relacionado con las exigencias de solvencia financiera. La nueva normativa permite que los oferentes acrediten su capacidad económica mediante hasta dos integrantes que actúen como socios financieros.
Cada uno deberá demostrar individualmente índices de solvencia y liquidez iguales o superiores a uno. De esta manera, se amplían las posibilidades de conformar consorcios y distribuir entre distintos participantes las responsabilidades económicas de cada propuesta.
Sin embargo, las empresas que pretendan competir por más de una línea ferroviaria deberán acreditar el patrimonio neto exigido para cada corredor, de modo que demuestren capacidad suficiente para afrontar la operación conjunta.
En el aspecto técnico, se estableció que el socio especializado deberá mantener una participación accionaria mínima del 10%, con derecho a voto, durante al menos 180 días posteriores a la habilitación de las obras obligatorias u optativas.
También se fijaron condiciones para los Contratistas Nominados, que tendrán responsabilidad solidaria e ilimitada durante ese mismo período.
Otra modificación establece que las propuestas podrán expresar el peaje máximo en dólares por tonelada-kilómetro bruta (US$/TKM) con hasta cinco decimales. Se trata de la unidad utilizada para calcular el costo del uso de la infraestructura ferroviaria.
Además, la resolución incorporó precisiones sobre la constitución de las Sociedades de Propósito Específico (SPE), que serán las encargadas de firmar los contratos de concesión.
La normativa también introdujo aclaraciones sobre la posibilidad de que los futuros concesionarios soliciten los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Para cada línea ferroviaria, los interesados podrán presentar una Oferta A o una Oferta B, según manifiesten o no su intención de adherir al régimen. No podrán utilizar las dos alternativas para un mismo corredor.
Quienes opten por la propuesta vinculada al RIGI deberán constituir una segunda garantía de mantenimiento de oferta, bajo las mismas condiciones que la primera.
Sin embargo, el Gobierno aclaró que manifestar la intención de acceder al régimen no implica una aprobación automática. La eventual adhesión dependerá del cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos.
De acuerdo con los pliegos difundidos en agosto, el esquema contempla la posibilidad de acceder al RIGI cuando se comprometan inversiones de al menos 200 millones de dólares para la renovación de vías, con la ejecución del 40% de ese monto durante los primeros dos años.
Con estas modificaciones, el Ejecutivo busca avanzar con el proceso de privatización y darles más margen a las empresas para evaluar las condiciones de un negocio que involucra tres de los principales corredores ferroviarios de cargas del país.
