Un comerciante fue detenido el pasado miércoles por la noche, porque en su departamento de Rawson tenía ilegalmente un arma (una pistola calibre 32 y 8 cartuchos) y porque, además, los pesquisas de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas junto con los de la seccional 24ta. de Rawson, encontraron un total de 775 gramos de marihuana. El allanamiento había sido ordenado por un juez a pedido de Fiscalía, porque una exempleada lo había denunciado por despedirla de manera fraudulenta, indicaron fuentes de la investigación.
El sospechoso en cuestión fue identificado como Rodrigo García. Ahora es investigado en Flagrancia por tener un arma sin autorización legal, en la Justicia Federal por la tenencia de la marihuana (se investiga si era con fines de comercialización). Y por un presunto fraude contra una joven que era su empleada en el restobar ‘La Francesca’, ubicado en el 103 de Mendoza, en Rawson.
Una pistola calibre 32 con 8 cartuchos y 775 gramos de marihuana le incautaron al comerciante.
Según fuentes del caso, denuncia contra García se produjo el pasado 29 de agosto. Entonces, la joven dijo que se había enterado que estaba embarazada y se lo contó a sus compañeros, pero no a su jefe. Que días después, el 8 de agosto García y su contador la hicieron firmar varios recibos de sueldo, entre los que iba incluido uno que rezaba: ‘liquidación final’.
Tras ser detenido por la Policía, el empresario enfrenta tres causas penales en distintos fueros de la justicia.
Según la denunciante, luego se contactó con García para preguntarle qué significaba eso de ‘liquidación final’ y ahí grabó la respuesta del comerciante, diciéndole que era una ‘liquidación por rendimiento’. También le pidió que enviara un telegrama de renuncia y que concluyera su vínculo con el gremio.
Cuando la joven -según su relato- lo intimó por carta documento a regularizar su situación laboral, avisándole además que está embarazada, García le respondió que estaba despedida, que ya había firmado el recibo de su ‘liquidación final’ sin hacer ningún tipo de reserva de derechos.
Al sentirse engañada, recurrió a la UFI de Delitos Informáticos y Estafas a poner la denuncia porque consideró que había sido estafada.
Desde entonces se motorizó una investigación en Fiscalía, que incluyó el pedido de allanar el departamento de García en Rawson, en busca de su teléfono y otros dispositivos en los que pueda constar información sobre su actividad laboral y, concretamente sobre el ‘despido’ de una de la denunciante.
