El calificativo de vergonzoso no alcanza para definir la situación del Riachuelo, en Buenos Aires, que sigue totalmente contaminado a pesar de que hace 9 años, la Corte Suprema de Justicia condenó al Estado nacional y a los Gobiernos de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires a limpiarlo en su totalidad, para mejorar las condiciones ambientales de una amplia cuenca donde residen millones de personas.

El fallo judicial fue dictado en 2008, pero desde esa fecha hasta la actualidad es muy poco, por no decir nada, lo que se avanzó en las obras de saneamiento que debían realizar en conjunto los tres gobiernos con jurisdicción en la Cuenta Matanza-Riachuelo.

Una simple recorrida por la zona permite actualmente observar que el curso de agua sigue contaminado, sin control de los establecimientos industriales. La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) admitió que hay más de 390 basurales a cielo abierto, en los que se acumulan 1,8 millones de m3 de basura, producto del inescrupuloso accionar de entidades públicas y privadas que permiten que 4 millones de personas estén condenadas a enfermedades que las llevan a una muerte prematura.

Mientras que las organizaciones ambientalistas están siempre atentas para alzar su voz de protesta contra cualquier peligro o amenaza de contaminación ambiental en cualquier punto del país, llama la atención las pocas reacciones que hubo en este caso. Recién en estos días algunas ONG locales e internacionales denunciaron la inoperancia. También es llamativo que se hayan sucedido casi tres gestiones de gobierno y que ninguna de ellos, ya sea a nivel nación, provincia o ciudad de Buenos Aires, no hayan podido avanzado en el proceso de saneamiento con la extracción de chatarra, sustancias tóxicas, metales pesados e hidrocarburos, prohibidas a nivel mundial.

Han pasado 9 años y las autoridades no han sido eficientes en la tarea de combatir la contaminación, lo que demuestra que no se ha trabajado con la suficiente seriedad. Habrá que ejercer una mayor presión para que los responsables directos se aboquen al saneamiento de este curso de agua, una presión que evidentemente en Capital Federal no existe.