La Ley de Emergencia Pública, Nº 25.561 fue sancionada en 2002 con el propósito de facilitar el ordenamiento de una economía que se había salido de sus carriles, tras una crisis financiera descomunal. De ahí en más fue prorrogada sucesivamente todos los años para que los gobiernos de turno se beneficiaran con el manejo presupuestario. Este 6 de enero, al cumplirse 16 años de vigencia de esta norma, el gobierno de Mauricio Macri decidió no prorrogarla. Lo ha hecho con la certeza de que la decisión es políticamente ventajosa y que no tendrá ningún efecto negativo en la economía. Por el contrario, consideran que normalizando este aspecto se generará un clima de confianza y transparencia, dos de los principales objetivos de la gestión de "Cambiemos''.

La Ley de Emergencia Pública, en sus principios, al momento de entrar en vigencia, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, fue una salida al régimen de convertibilidad cambiaria; habilitó la pesificación de las deudas contraídas en moneda dura y reformuló los contratos con las privatizadas prestadoras de servicios públicos, pesificando los precios y ordenando su renegociación. Al mismo tiempo, estableció un régimen de amparo a los consumidores. Es decir, una serie de medidas fundadas en un estado de excepción.

Después de un profundo análisis realizado por experto en finanzas y economía, se ha llegado a considerar que la no renovación de la ley, un objetivo que se fijó el Gobierno a poco de asumir, no tiene implicancias. Con esa garantía, el Ejecutivo Nacional puede dar un mensaje político certero y optimista hacia los electores y a los inversores. Se quiere demostrar que la Argentina ya no enfrenta ninguna situación de emergencia y que no se necesitan facultades excepcionales para afrontar los problemas económicos.

Para el común de la gente, es difícil advertir que significa el fin de la emergencia pública. En términos legales se dice que facilitará la firma de contratos con cláusulas de ajuste periódico, indexación que hasta ahora estaba inhibida por la norma. Por otra parte ya no incide en demandas oportunamente iniciadas por accionistas, vinculadas a las privatizaciones, que tuvieron una resolución favorable y quedaron totalmente sin efecto. Todo esto es lo que ha motivado el cambio de reglas que impuso la Emergencia, cuya prórroga ya no le interesa al Estado.