La lentitud y la burocracia que caracterizan a la Justicia parece no ser una exclusividad de nuestro país. En Uruguay, el caso de la muerte de una adolescente argentina, ocurrido hace casi cinco años, sigue sin esclarecerse debidamente y si no fuese por la presión ejercida por los padres de la joven, la Justicia uruguaya no hubiese avanzado en la investigación que, hasta ahora, ha determinado que el único detenido del caso, Ángel Moreira, alias 'El Cachila'', sería coautor del homicidio.

Al promediar la semana pasada, el asesinato de la chica, ocurrido el 28 de diciembre de 2014 en el balneario Barras de Valizas, fue puesto nuevamente sobre la mesa de la Justicia uruguaya después que los padres entregaran un informe realizado por la Justicia argentina. Este documento permitió al fiscal de la causa refrescar la investigación y a la jueza interviniente dictar el procesamiento y la detención del único acusado. Moreira está procesado como coautor del homicidio por lo que se busca a un cómplice, que todavía no ha podido ser detectado.

Lo preocupante de la situación es que si no hubiese sido por los padres de Lola, que nunca se rindieron y que siguieron insistiendo en el esclarecimiento del caso, la Justicia uruguaya hubiese seguido sin mover la causa, dejando que el tiempo transcurriera sin una solución efectiva del mismo. Fueron ellos los que recurrieron a otras instancias judiciales en nuestro país para que en Uruguay se vieran obligados a reanudar la investigación de un caso polémico que mantuvo en vilo tanto a argentinos como uruguayos, en espera de un desenlace que hasta ahora no ha sido posible.

Gracias a la presión de los padres, la semana pasada, la Justicia uruguaya reconstruyó por primera vez cómo fue el crimen llegando a la conclusión de que habrían participado dos individuos. Se cree que la atacaron cuando caminaba por la playa y que luego fue desviada hacia unas dunas cuando intentaba defenderse. Luego habría sido asfixiada contra la arena.

La jueza que interviene en el caso expresó que aún se investiga el móvil del ataque, descartando la hipótesis de un intento de robo o un delito sexual.

La investigación deberá seguir por las vías correspondientes conociendo que desde Argentina, los familiares de la víctima están dispuestos a insistir todo lo que sea necesario, para que se llegue a la verdad. Algo que se tendría que haber dado naturalmente, sin ningún tipo de privilegio, más allá de la obligación que tiene cada Estado de impartir justicia sin ningún tipo de privilegios motivados por la procedencia de los implicados en el presunto delito.